Luego de haber sido liberado hace unos días y llevado a un hospital por complicaciones de salud, el urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca, comparte su experiencia en medio del proceso legal que enfrenta por supuesto abuso de autoridad, demanda interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex diputado local Miguel Arturo Ramírez López, fallecido el pasado 7 de julio a causa de la COVID-19.

Con su hijo en brazos, subraya: “Yo soy gente de pueblo. Daría mi vida por mi gente, al igual que sé que ellos están luchando por mí”.

Detenido el pasado 25 de julio y vinculado a proceso por un juez de Control dos días después, acusado por la hija de un político chiapaneco que falleció por covid-19, el galeno dice que le hierve la sangre de tanto apoyo que ha llegado a tener, incluso dentro del propio penal. Se sorprendió al ver a los reos y los custodios apoyándolo, recalca.

El pasado lunes 3, cuando iba hacia la audiencia, los reos se quitaron las playeras y agitándolas con las manos gritaban: “¡Libertad, libertad!”.

Y los propios custodios, cuando lo llevaban, le decían: “No manche doctor, qué injusticia, qué injusticia”.

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“Yo no tengo que convencerlos que soy inocente. Ellos me ven y dicen: no es posible esto. Es injusto, me dicen. Ellos ya lo dan por hecho con sólo verme”, sostiene.

Y más: “Cómo disfrutábamos cada vez que entubábamos a un paciente. Era una felicidad. Pero tampoco esperé que me dieran una puñalada en la espalda y pasara todo esto. Eso no se repara dentro de mí, me dolió mucho todo lo que se destruyó por tratar de ayudar a esa situación de la pandemia que todo mundo tuvo miedo enfrentar. Fueron pocos los valientes que entraron, tratando de hacerlo lo mejor posible. Mi gente lo sabe, mi pueblo lo sabe.

“Por eso nosotros dábamos lo mejor por ellos, porque queríamos que regresaran con bien a casa. Y todo esto me duele, porque no soy un delincuente, no soy un criminal. Y me separaron, me robaron de todo lo que me mantiene feliz. Me rompieron. Le robaron también a mi hijo el momento de estar con su papá”.

Para el médico, estar ahora en su casa, aún con prisión domiciliaria, estar con sus hijos y su esposa, “es muy reconfortante”.

“Siento que la injusticia sigue prevaleciendo, que hay personas que realmente deberían estar presas, pero yo no le he robado un peso a mi pueblo. Jamás lo haría. Y son los valores que me sembraron en familia”, apunta Grajales Yuca.

Luego suelta: “Es injusto privarme de mi libertad, aun acá en mi casa”.

Y refiere que no hay ni había pruebas fehacientes que lo incriminaran, que no entiende por qué el juez de Control Carlos Inocencio Hernández Urbina lo vinculó a proceso, aun cuando sus abogados defensores exhibieron todas las irregularidades.

“No tenía por qué haber pasado todo esto”, reitera.

“Me inclino, me arrodillo ante mi pueblo de Acala, ante el pueblo de Chiapas, ante el pueblo de México y del mundo que me han acompañado en todo este proceso. No tengo cómo pagarles”, abunda el médico, quien se desempeñaba como jefe de la Clínica Covid del Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas (ISSTECH).

“Destrozan la vida de una persona, te destrozan por dentro. Si un peso me daban de más, un peso les regresaba. Si me daban 300 pesos de más, se lo daba de regreso a las personas. Yo nunca le he robado un peso a nadie”.

En su casa –subraya– le inculcaron valores desde niño y sus padres trabajaron mucho para que él terminara su carrera de medicina. Desde niño cargaba garrafones de cristal en un triciclo para salir a vender en las calles de Acala.

“La vida era dura”, recalca, y añade: “Es impresionante ver cómo todo esto me destrozó por dentro, es catastrófico. Mi esposa me dice que tal vez estuve en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. En otro lugar me hubieran puesto una estatua, un monumento, hubiera sido un héroe”.

Con información de Proceso.