El exregidor José Luis Cortés denunció al gobernador Alfredo del Mazo por supuestamente atentar contra el derecho humano a la salud, al dejar sin hospital a más de medio millón de habitantes de la región de Tlalnepantla, luego del cierre del nosocomio Valle Ceylán, en 2017, que en este momento sería de gran utilidad para la atención del covid-19.

La queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODEM), que también señala responsabilidad de Gabriel O’Shea, titular del ramo, advierte que el “Informe sobre la Salud de los mexicanos. Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud 2016”, coloca a la entidad en el último lugar nacional en Unidades de Hospitalización en el lapso 2007-2014, pues cuenta apenas con un nosocomio para atender a cada cien mil habitantes, mientras la Ciudad de México tiene 6.8.

Según Cortés, el Hospital General Valle Ceylán cerró el 19 de septiembre de 2017, sin los respectivos estudios de mecánica de suelos y revisión estructural para determinar los daños del sismo ocurrido en esa fecha.

El nosocomio brindaba servicios de salud a 546 mil 256 no derechohabientes de los municipios de Tlalnepantla y Tultitlán, quienes a la fecha desconocen cuándo se les restituirá ese derecho humano.

El exalcalde perredista recordó que el 4 de febrero de 2003 la empresa EDLA Construcciones S.A. de C.V. entregó los estudios de mecánica de suelos y revisión estructural del Hospital General Valle Ceylán a la Subdirección de Infraestructura del ISEM, según contrato ISEM-DA-SIS-MTTO-073/02, en el que se concluye:

“Hoy en día no se cuenta con reporte alguno o huella física que evidencie que el edificio haya sufrido daños importantes, no obstante haberse suscitado eventos sísmicos como los de los años 1979, 1985, 1995, etc… Según visualización de una gran parte de los miembros que forman los sistemas resistentes del edificio, no se evidencian en ellos deterioros esenciales.”

Sin embargo, el documento también advierte que los resultados de la verificación cuantitativa indican teóricamente que “la estructura no cumple a cabalidad con los estados límite de servicio ni con los de resistencia que exige la norma correspondiente, por lo que el edificio requiere reforzarse para operar con seguridad estructural.”

El ayuntamiento de Tlalnepantla aprobó el 14 de febrero de 2011 el cambio de uso del servicio público de una fracción del terreno Deportivo Caracoles, ubicado en la colonia Jorge Jiménez Cantú, con una superficie de 17 mil 500 metros cuadrados, para ponerlo a disposición como área de equipamiento, a favor del gobierno del Estado de México, para la construcción de un Hospital General en la Zona Oriente.

En enero de 2012, la Subdirección de Infraestructura del ISEM entregó el Análisis Costo-Beneficio para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla que, según el certificado de factibilidad CF/DGDIF/056/2013 expedido por la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud del gobierno federal, con fecha 22 de mayo de 2013, constaría de 110 camas, cinco quirófanos y 59 consultorios.

El proyecto concluiría en “un tiempo estimado de veinticuatro meses calendario”; comenzaría en enero de 2012 y terminaría el 31 de diciembre de 2013 para comenzar operaciones en 2014. Tan sólo en 2012, a la construcción del hospital se le asignó un presupuesto de 282 millones de pesos, y cien millones más en 2013.

El 2 de junio de 2014, detalló el denunciante, mediante oficio DGDU/SDU/1474/2014, la Dirección de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla entregó al asesor del secretario de Salud estatal los requerimientos necesarios de tipo municipal (alineamiento y número oficial, etcétera) para el hospital en comento.

Todavía el 3 de agosto de 2017 se firmó el convenio modificatorio del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado ISEM-LP-PAD-DA-SIS-OP-004/17 para “la realización del proyecto de infraestructura social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla, Valle Ceylán (tercera etapa).”

Estos trabajos debieron iniciar el 3 de agosto de 2017 y concluir el 28 de junio de 2018, situación que no ha ocurrido, pues de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI) emitido por la Secretaría de Salud del gobierno federal con fecha de actualización febrero de 2020, el hospital identificado con la clave CDN-6340/MEX-364/13 se reporta como “obra suspendida”.

Por tanto, alertó, al no operar ni uno ni otro nosocomio en la región de Tlalnepantla, se configura violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 5, fracción X, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, entre otras disposiciones legales aplicables, en detrimento de más de medio millón de habitantes.

“Esperemos (que la Codhem) inicie investigación y culmine en recomendación de un verdadero organismo de defensa de los derechos humanos y no en recomendaciones patito”, confió el denunciante.

Semanas atrás José Luis Cortés Trejo promovió otra denuncia ante la Secretaría estatal de la Contraloría en contra del secretario de Salud, Gabriel OShea, por incumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, con razones jurídicas similares.

Con información de PROCESO.