Una jueza federal negó a Rosario Robles Berlanga acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, negó hoy la suspensión provisional en el amparo presentado el 14 de agosto por la ex Secretaria de Desarrollo Social, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la UIF.

Robles ingresó el 13 de agosto al penal de Santa Martha Acatitla luego de que un juez penal la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en relación al presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos por el caso de la Estafa Maestra durante su gestión al frente de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La jueza Lobo no publicó su resolución, por lo que se desconocen sus razones para negar la suspensión que, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en este tipo de casos debe ser concedida, salvo que exista una solicitud de colaboración internacional presentada el Gobierno mexicano.

Robles puede impugnar la negativa mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito, que tendrá 48 horas para resolver.

Lobo Domínguez resolverá el 2 de septiembre si concede o niega la suspensión definitiva, una vez recibidos los informes de la UIF sobre el caso.

En todos los amparos en su contra, la UIF ha argumentado que congelar cuentas para combatir el lavado de dinero es una forma de dar cumplimiento a obligaciones internacionales asumidas por México, pero varios jueces y tribunales han considerado que la solicitud de colaboración del extranjero para mantener bloqueadas las cuentas, debe referirse específicamente a la persona afectada.

Se ignora el saldo actualizado de las cuentas de Robles o las instituciones financieras que están abiertas.

En su declaración patrimonial de cierre de encargo, presentada el 7 de diciembre de 2018, la ex funcionaria informó que tenía dos cuentas bancarias, una con saldo en ceros y la otra con 180 mil 517 pesos.

Robles también contaba en su patrimonio con 1.7 millones de pesos del seguro de separación que tenía derecho a cobrar al salir del gobierno, dinero que también podría estar bloqueado.

La Fiscalía General de la República (FGR) también puede pedir al juez de la causa penal contra Robles que congele sus cuentas -los bloqueos de la UIF han sido declarados inconstitucionales por la Corte-, pero una medida de ese tipo sería poco usual contra una persona que ya está en prisión y vinculada a proceso.