
La corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto no solamente implicó a sus empresarios amigos, sino que superó a la ficción y se descubrió que su él y su propia familia estuvieron involucrados, a través de una de sus empresas, en la entrega de contratos millonarios.
La justicia le ha llegado a varios funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto como el caso de Emilio Lozoya y Rosario Robles, quienes se mantienen a la espera de recibir el dictamen de su inocencia o culpabilidad por diversos cargos como la corrupción o el mal ejercicio del servicio público.
Ahora es el ex presidente priísta es quien pudiera estar envuelto en polémicas sobre el mismo tema, pues revelaron que una empresa supuestamente ligada a él y su familia se habría adjudicado contratos millonarios durante su mandato.
La sociedad mercantil Plasti-Estéril S.A. de C.V. fue fundada en 1991 en Atlacomulco, Estado de México, por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío, su hermano y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime, de acuerdo con la investigación del diario mexicano El Universal.
Los números indicarían que el negocio familiar fue beneficiado con más de 12 mil 170 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto, de 2012 a 2018, por contratos otorgados a Baxter International Inc.
Fue en octubre de 2011, cuando Pasti-Estéril cedió los derechos de la marca, tanto de la denominación como del diseño a Baxter International Inc. Esto se realizó justo un mes después de que Peña Nieto terminara su mandato en el Estado de México y se encaminara a la presidencia de la república.
Cada año, desde 2013 y hasta 2018, Baxter obtuvo varios contratos con un monto mayor a los mil millones de pesos,otorgados por dependencias federales y estatales del sector salud. De acuerdo con la investigación, la empresa llegó a ganar hasta 5 mil 669 millones en época de elecciones electorales.
Instituciones del tamaño del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como Petróleos Mexicanos (Pemex), hospitales de la Secretaría de Salud (SSa), de Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena) habrían sido las responsables de otorgar dichos contratos.