Tras el anuncio de los acuerdos alcanzados para producir la vacuna contra COVID-19 en México y Argentina, sin fines de lucro y en busca de garantizar el acceso universal a ésta, es importante contrastar lo que ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón con respecto a la vacuna contra la influenza A-H1N1.

La empresa Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con capital mayoritario del Estado, llevó a cabo una alianza con la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur para construir una planta donde se produciría la vacuna contra la influenza, en Cuautitlán, Estado de México. 

El presupuesto inicial fue de 493 millones de pesos, estimando tres años de trabajo, solo para la construcción de la planta. Sin embargo, fue hasta el 6 de febrero de 2010 —casi un año después de la llegada del virus a México— cuando Birmex solicitó a Ingeniería Experimental S.A. de C.V. que hiciera el estudio de mecánica de suelos.

Tres meses más tarde, Servicios Ambientales y de Salud S.A. de C.V. realizó el dictamen de impacto regional por 273 mil pesos y hasta julio fue contratada la empresa Kahesa Construcciones, para llevar a cabo “los trabajos preliminares de limpieza y adecuación del área de producción”, recibiendo 4 millones 179 mil 596 pesos, acorde con una investigación de Linaloe R. Flores, publicada en Emeequis.

“El primer punto de quiebre ocurrió en marzo de 2011. Birmex sometió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una modificación del estudio costo beneficio. Estimaba que se requerirían otros 589 millones de pesos, adicionales a los 493 millones del principio”, detalla el texto de Flores.

Finalmente, los trabajos de construcción empezaron hasta el 25 de noviembre de 2011, con un costo de 251 millones 870 mil 46 pesos destinados a la alianza entre Inmuebles y Casas Modulares y TTG Goeting.

Según la periodista, los contratos revisados indicaban que la obra concluyó el 3 de septiembre de 2013, ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia. No obstante, la información era falsa.

En 2015, Birmex reveló que la planta estaba incompleta y que requería mil millones de pesos más, y otros seis años para terminarse, según la consultora Jacobs Engineering.

Meses después, sin detallar cuáles fueron los “inconvenientes” presentados, la Secretaría de Salud (Ssa) hizo público que, a falta de recursos, era imposible proseguir con la obra y en 2018 se demolió el edificio, junto a los cientos de millones derrochados del erario para nada.

Por otra parte, entre los múltiples contratos que adjudicó de manera directa el gobierno calderonista, en el contexto de la epidemia de influenza A-H1N1, llama la atención uno que firmó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a Diagnolife S.A. de C.V., por el servicio de vacunación para este sector de la población, con un costo de 69 millones 600 mil pesos.

“La inoculación no fue aplicada y es la hora en que la empresa no ha presentado la lista de beneficiarios como tampoco qué hizo con el dinero”, advirtió Flores.

Aunado a esto, en julio de 2009 la Ssa del gobierno de Calderón pagó 3 millones 599 mil 552 pesos para celebrar el evento “Lecciones aprendidas y preparándonos para el futuro”, en un salón del Palace Resorts Reservations. Y al año siguiente conmemoró el primer aniversario del paso de la influenza A-H1N1 por México, gastando otros 106 mil 227 pesos al contratar a Integra Convention & Groups.