La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un presunto desvío de recursos en 2017 de más de 3 mil 134 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mientras era encabezada por Rosario Robles.

 Al revisar el uso del presupuesto público destinado a programas del sector vivienda de la Cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en dicho año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entonces encabezada por Rosario Robles, desvió más de 3 mil 134 millones de pesos.

Así lo denunció el organismo al destacar que en la auditoria financiera que se ejecutó, se encontró también que durante la administración de Robles Berlanga, la Sedatu desapareció más de 724 millones de pesos provenientes de recursos federales, los que debían ser usados para apoyar la construcción de viviendas.

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Sobre la utilización de parte de los recursos, la ASF apuntó que se usaron para el pago de contratos con universidades, así como por asesorías para la operación de programas, la subcontratación de servicios con terceros y el arrendamiento de edificios, helicópteros y la compra de pasajes aéreos nacionales para servidores públicos, entro otros.

Al detectar lo anterior, la Auditoria Superior de la Federación interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia por un presunto daño patrimonial por el orden de los 724 millones de pesos, recursos sobre los que añadió, no se pudo rastrear su destino.

En la auditoría realizada, la ASF añadió que también se detectó que la Sedatu desvió, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un total de 3 mil 134 millones de pesos que estaban destinados para el Programa de Infraestructura que tenía la finalidad de atender a la población con deficiencias en calidad y espacios de vivienda.

El programa en cuestión, contaba con un presupuesto aprobado de 3 mil 855 millones de pesos que al final no se canalizó para la mejora y construcción de viviendas, sino que se ejercieron de manera irregular en contratos con universidades, proveedores estatales e instancias locales y una parte para programas oficiales.

Además, destacó que hay otros 35 millones de pesos perdidos en un par de rubros, sobre los que especificó, se trataron de servicios prestados con varias universidades como Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica con sede en el Golfo de México, Tlaxcala y del Centro.

Con información de SDP Noticias.