El 78 por ciento de los mexicanos está a favor de que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública durante los próximos cinco años y considera que esta medida fortalecerá lalucha contra la inseguridad, de acuerdo con una encuesta del diario Reforma.

Sólo el 13 por ciento de los encuestados se pronunció en contra de que el Ejército realice labores de seguridad, según el ejercicio demoscópico de Reformarealizado del 12 al 14 de mayo a 400 adultos.

La mayoría de los encuestados, el 65 por ciento, prioriza la seguridad sobre las libertades, mientras que el 25 por ciento prefiere que se respeten sus libertades aunque haya inseguridad.

Sobre los niveles de inseguridad en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el 45 por ciento ve un aumento; el 30 por ciento considera que ha disminuido y el 21 por ciento cree que todo sigue igual, pero esperan una caída en distintos delitos ya con las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública.

De acuerdo con los encuestados, con esta medida disminuirán los delitos como robos y asaltos, feminicidios, la violencia del crimen organizado y narcotráfico.

La Marina y el Ejército gozan de la mayor confianza de la ciudadanía, según la encuesta de Reforma.

Un 79 por ciento confía en la Marina y un 16 por ciento no; mientras que el 74 por ciento de los encuestados mostró su confianza en el Ejército, contra un 23 por ciento que no.

La Guardia Nacional también goza de confianza, aunque en bajos niveles, un 54 por ciento confía en esta institución y un 38 por ciento no.

La policía, como lo ha sido en otros ejercicios estadísticos, es la institución de seguridad en la que los mexicanos menos confían: 30 por ciento de los encuestados confía en ella, pero un 67 por ciento no.

La encuesta de Reforma sobre las Fuerzas Armadas se da en el marco de la publicación que hace oficial sus labores en materia de seguridad pública hasta el año 2024.

El acuerdo, publicado el pasado 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, generó polémica y rechazo entre especialistas de derechos humanos y seguridad porque normaliza e institucionaliza la militarización de la seguridad pública fuera del mandato constitucional, práctica realizada desde hace varias décadas en México y que se incrementó desde el Gobierno del panista Felipe Calderón.