Le cargaron tanto la mano al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que lo dejaron en terapia intensiva y con una herencia de administraciones pasadas es una carga y obstáculo para las tareas de aumentar la capacidad y la calidad de la atención médica.

Los abusos que se cometieron están a la vista, con contratos de prestación de servicios que al año cuestan 5 mil 900 millones de pesos, más de la mitad de lo que se destina para comprar fármacos, afirmó el director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.

El funcionario dijo que por dar preferencia a los denominados servicios médicos integrales –arrendamiento de insumos y equipos con empresas privadas–, el Issste dejó de invertir en equipamiento básico, como anestesia para cirugías, la cual es prácticamente inexistente en los hospitales. Esto significa que los nosocomios dependen de los proveedores privados para hacer más de 270 mil operaciones al año; lo mismo ocurre con estudios como la endoscopía, para detectar padecimientos gastrointestinales.

En entrevista, Ramírez Pineda adelantó que para terminar con las fugas económicas en la subrogación de servicios, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realiza una revisión porque también se paga por insumos que no se utilizan, y otros que se requieren no están.

Respecto al pasivo de 20 mil millones de pesos, también herencia de gobiernos anteriores, anunció que se cubrió la mitad (10 mil millones) con recursos aportados por Hacienda y 6 mil 900 millones que la dependencia federal autorizó tomar de la reserva financiera del instituto. La mayor parte eran deudas con proveedores de medicinas y material de curación, indicó.

Durante sexenios, el Issste se consideró la caja chica del gobierno federal, de donde salían recursos para financiar campañas políticas. Aunque las denuncias al respecto no prosperaron, el saldo está a la vista con clínicas y hospitales que han carecido de presupuesto para mantenimiento. Un ejemplo fue el hospital general Gonzalo Castañeda que, por daños estructurales y sobresaturación, fue desalojado en septiembre de 2011, pues tenía alto riesgo de colapsar.

Con información de La Jornada.