@calacuayoMX

La oposición sigue criticando al presidente porque su gabinete de seguridad, dejó ir a Ovidio Guzmán.

Hablan de complicidad porque ellos tienen la experiencia de negociar, hacer trato con ellos y protegerse entre ambos. Y por eso hablan con tanto conocimiento, pues como el león, creen que todos son de su condición. 

Y es que los delincuentes, se han paseado tranquilos por las calles de las ciudades, por gozar del amparo y la protección que les brindaban los gobiernos del PRI y del PAN. 

Eso no se puede acabar de la noche a la mañana y ellos lo saben porque aún son parte de esa delincuencia. 

“Gobernaron” a modo, le colocaron la alfombra al crimen organizado; crearon leyes para proteger a sus aliados, hicieron todo, para garantizar el intercambio económico entre ellos, sin importar qué habían millones de mexicanos necesitando la protección de la autoridad, sin saber que esa autoridad era su propio verdugo. 

Esos gobiernos y sus aliados, impusieron arbitrariamente un Sistema de Justicia Penal que resultó en un rotundo fracaso, que nunca hizo justicia, que se alió a los delincuentes y que por supuesto era el más costoso, ineficiente, que protege a los delincuentes y que pagamos nosotros.

Los datos del Sistema de Justicia Penal impuesto por el PAN y el PRI, era escalofriante pues de cada 100 delitos denunciados se consignaban ante un juez entre en 12% y 15% y no se judicializaban ni el 0.5% de los casos denunciados. 

Se conseguían condenas en un 20% de los casos consignados ante el juez, de esa mínima cantidad de casos judicializados, no se obtenían condenas superiores al 3.3%.

Ese Sistema de Justicia Penal fue hecho para proteger a los delincuentes y para ampliar exponencialmente el rango de corrupción en policías, Ministerio Públicos, peritos y jueces. 

¿Como no dudar que cada caso de violencia en México está operado por el PRI y el PAN?

Si ya antes lo hicieron, por supuesto que cabe la posibilidad de que sean ellos los operadores de la violencia. 

Cuando ellos gobernaban, se aliaban al crimen organizado para mantener sumisa a la población, de tal forma que cada elección, se presentaban los delincuentes a amenazar para que no emitieran el voto en contra de ellos. 

De esa manera coaccionaban el voto a su antojo. 

Ese contubernio y protección que PRI y PAN le daban a las bandas de la delincuencia común por medio de la inoperancia e ineficacia del sistema de justicia penal, comenzaba a ser reprochada por los grupos de poder del extranjero.

El The Washington Post (WP) advirtió a un año de la implementación de ese sistema penal acusatorio en todo el país, los resultados fueron caóticos. 

Realmente fue un fracaso que debe cambiarse o al menos aplicar la ley correctamente en este sexenio. Es necesario que el poder judicial se sume a eliminar estas prácticas delincuenciales.

La violencia tiene un nombre y se llama PRI-PAN 

El sistema de justicia penal que implementaron a modo, para proteger a los delincuentes, era para mantener a los policías en trabajos de oficina, más que de operatividad. Los policías se quejaban de horas perdidas en llenar formas laboriosas; los fiscales (Ministerios Públicos) culpaban a los jueces por liberar a los delincuentes; los jueces acusan a la policía mal capacitada de cometer errores en las escenas del crimen, y a los Ministerios Públicos de no integran adecuadamente las carpetas de investigación. 

La idea era generar caos, para favorecer la actividad delincuencial.

Unos a otros se echaban la culpa, y ninguno cumplía com los requerimientos y aspiraciones de la población, la cual sufría y sigue sufriendo el desorden, la arbitrariedad y la corrupción de los agentes del sistema penal heredado por los gobiernos PRI-PANISTAS quienes operaban en el poder judicial.

El diagnóstico del Washington Post. Confirma lo que aun padecemos ese sistema penal impuesto por el PAN y el PRI

Además de los enormes “errores” publicados en el Washington Post, en toda la cadena y en cada uno de los puntos del sistema desastroso penal, imperaba la corrupción, la deshonestidad, el desconocimiento total del Derecho Penal, la incapacidad e incompetencia de los operadores.

Esos operadores recibían la instrucción de los mandos superiores de no judicializar, ni encarcelar a los delincuentes debido a los acuerdos del gobierno y la delincuencia organizada que al fin de cuentas era lo mismo.

La finalidad de este convenio protector a los delincuentes era mantener aterrorizada a la población con fines electorales. 

Además que la delincuencia organizada, que en el interior del PRI y del PAN tiene sus enclaves.

Y mientras existía el caos inducido, los poderosos cárteles de la droga aprovechaban las debilidades del sistema.

Mientras los jueces esperaban que las policías fuesen iguales de precisos que sus homólogas en Washington o Londres, la realidad era que los agentes policiacos apenas sabían leer y vivían en lugares que parecen verdaderas zonas de guerra.

Los Ministerios Públicos incompetentes, sin capacitación operando para el mejor postor, en atención a los sobornos y a su corrupción. 

Esto se ha vivido por décadas. Gobiernos de PAN y PRI son los culpables. Pero también los que ahora quieren que este gobierno acabe con ese mal de la noche a la mañana.

Ya es tiempo de poner en su lugar a esos desgobiernos que no permiten el crecimiento del país.