Los testigos Marcos Salvador Ibarra Infante, José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Armando Saldaña Flores, todos exsubordinados de Robles Berlanga afirmaron que Robles había sido informada en su momento sobre las irregularidades.

La Fiscalía General de la República (FGR) expuso qué dijeron los tres exfuncionarios, testigos contra la exsecretaria, quienes dieron detalles de fechas e irregularidades en dependencias.

Las imputaciones de la Fiscalía

La FGR imputó a Rosario Robles Berlanga el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos en contra del patrimonio de la Nación.

Lo anterior, durante el periodo en que estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La Fiscalía también acusa a Rosario haber sido omisa de operaciones dudosas que llevaron a cabo varios de sus subordinados cuando ella encabezaba dichas dependencias.

La FGR detalló que los testigos narraron encuentros de Rosario Robles con Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y ella terminó las reuniones de forma abrupta.

Según los testigos, dijo la FGR, la exfuncionaria recibió informes verbales y documentales en los que se demostraba que había estructuras paralelas en las dependencias a su cargo, dedicadas a falsificar firmas y documentos para realizar convenios irregulares con universidades.

Los exsubordinados hablan sobre la omisión

Cuando Robles encabezaba la Sedesol, el auditor informó a Robles, haber detectado numerosas irregularidades en la dependencia.

También, dijo, se estaba abusando del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al firmar convenios con universidades y no convocar a licitaciones.

Según los testimonios de los testigos, Robles dijo que los convenios con las universidades no eran ilegales.

También en 2014, se informó a Rosario Robles sobre irregularidades en un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), respecto a 6.7 millones de encuestas que se harían mediante un contrato de 77.8 millones de pesos.

Según Orozco Martínez, ese convenio surgió después de una reunión que tuvieron funcionarios de la Sedesol con el rector Alejandro Vera, a principios de ese mes.

Aunque inicialmente Orozco Martínez firmó ese convenio, halló diversas inconsistencias en el documento.

Entre otras anomalías, las encuestas las iba a realizar la propia Sedesol, en un proyecto que encabezaría Pedro de León Mojarro.

Orozco Martínez pidió a su subalterna, Gutiérrez Medina, que destruyera el documento.

Sin embargo, el 8 de septiembre, el convenio, con todo y la firma de Orozco Martínez —que según él es suplantada—, fue aprobado y se autorizó el pago a la UAEM.

Orozco y Gutiérrez hicieron saber a Robles sobre esta situación, pero, afirmaron, ella los remitió directamente con el oficial mayor de la dependencia, Emilio Zebadúa.

La Fiscalía informa sobre las investigaciones

La FGR informó que tiene una carpeta de investigación abierta, pues solo se realizaron 1.4 millones de encuestas.

Además, el 28 de diciembre de 2014, antes de que se autorizara el pago, la UAEM subcontrató servicios con Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73.1 mdp, monto superior al permitido por la ley.

En esa carpeta, que busca castigar a los responsables de un daño patrimonial de 77.8 mdp, se investiga a Emilio Zebadúa; a Francisco Javier Báez, exdirector de Programación y Presupuesto, y a Pedro de León Mojarro.

La defensa argumenta

El abogado defensor de la exfuncionaria federal argumentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) carecía de facultades para imputarla por daños patrimoniales a la Nación.

Sin embargo, el juez explicó que si bien la ASF es un órgano autónomo e independiente, está encargado de revisar y fiscalizar qué se hace con los recursos económicos de la Nación.

La defensa intentó diferir la audiencia varias veces, una de ellas el abogado Oscar Rogelio Ramírez argumentó que había un amparo en Chiapas desde el 19 de julio pasado, interpuesto por un tercer imputado en el caso, cuya identidad se negó a revelar.

Sin embargo, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna advirtió al litigante: “no me vengas con esos argumentos tramposamente”.

El juez dijo al abogado que no iba a permitirle diferir la audiencia de manera tramposa, refiriéndose a “un amparo que interpuso un imputado que no quieres dar el nombre”.

Durante la audiencia los fiscales también le señalaron al abogado que «actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa del delito del ejercicio indebido del servicio público».

Las posibles consecuencias

No obstante, se trata de un delito considerado no grave, por tanto, en caso de que se decrete la vinculación a proceso, seguirá en libertad.

Mientras tanto, los fiscales y la defensa acordaron que no se le impusieran medidas cautelares, situación que el juzgador consideró inaudita.

Al término de la audiencia, Robles declaró que el lunes asistirá nuevamente al juzgado «a la hora indicada».