La Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer que Lozoya denunció a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por haberle pedido que aceptara más de 100 millones de pesos para la campaña presidencial de 2012.
De esta manera, se suman nuevos cuestionamientos contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes durante los últimos meses han sido acusados de tener “secuestrado” al INE, atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas.
Las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), han estado causando revuelo en el escenario político y varios nombres, tanto del peñato como de otros partidos, han sido mencionados. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría también una parte de responsabilidad si se considera que el dinero recibido en los sobornos de Odebrecht se usó para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“¿Cómo es que el INE no pudo notar que Peña Nieto gastó decenas de millones de pesos por encima del dinero que se le entregó para el proceso de 2012?”, reclaman algunos sectores de la población en redes sociales, exigiendo la renuncia de ambos funcionarios.
El silencio de Murayama y Córdova con respecto al caso Lozoya sigue atizando la indignación social y la exigencia de que asuman su responsabilidad, pues se especula no solo que hayan sido omisos, sino también la posibilidad de que fueran cómplices y beneficiarios de los sobornos provenientes de Odebrecht.
Cabe recordar que, en marzo de 2019, Córdova presentó una demanda de amparo para evitar bajarse el sueldo, argumentando que “tales actos vulneran en mi perjuicio diversos derechos laborales y sociales, como son el de seguridad jurídica e irreductibilidad salarial”, con lo que buscaba percibir más que el presidente, quien se redujo el sueldo a un 40 por ciento de lo que ganaba su antecesor.
Por otra parte, en febrero de este año se viralizó una foto donde se observa al líder del INE, cenando con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Además, cuando López Obrador reveló el documento sobre la configuración de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) con fines golpistas, la reacción del órgano consistió en “amenazar” al presidente y a su vocero con tomar medidas cautelares si volvían a mencionar algo sobre el tema, en lugar de revisar quiénes estaban detrás de la iniciativa o si ésta implicaba un riesgo contra la democracia.
Aunado a esto, el Consejo General del INE determinó hace unos días que destinará la cantidad de 7 mil millones de pesos para los partidos políticos que competirán en los comicios de 2021, cifra que resulta desproporcionada para unas elecciones intermedias, sobre todo si se toma en cuenta la situación económica del país, derivada de la pandemia de COVID-19.
En conclusión, el caso Lozoya podría ser el tiro de gracia que termine de aniquilar la poca credibilidad de Córdova y Murayama en el INE, pues acumulan ya múltiples escándalos y controversias que ponen en duda la salud de la democracia mexicana, a unos meses de que el pueblo asista a las urnas para ejercer su voto.
Con información de Revolución Tres Punto Cero.