Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia y buscado por la Interpolpor el presunto lavado de casi 3 mil millones de pesos, mantuvo un vínculo laboral con Santiago Creel Garza Ríos.

De acuerdo con documentos, el hijo del diputado federal Santiago Creel Miranda aparece en una relación de empleados a la que tuvo acceso 24 HORAS, del despacho Álvarez Puga y Asociados, así como de Consultores AP (Álvarez Puga), firmas que –según las indagatorias federales– eran utilizadas para evadir al fisco y operar recursos de procedencia ilícita.

Pese a que el panista ha negado cualquier relación de su hijo con las empresas y negocios de Álvarez Puga, en 2013 Santiago Creel Garza tenía asignado el correo oficial screel@alvarezpuga.com.mx, según las comunicaciones oficiales de la empresa a las que tuvo acceso este diario.

A su vez, en la misma lista de trabajadores del despacho aparecen tres personas asignadas como escoltas del hijo del diputado y exsecretario de Gobernación(2000-2005).

Información obtenida por este diario indica que, en la pasada administración federal, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciaron una investigación contra Creel Garza.

En diversas cartas aclaratorias, el diputado ha señalado que es “absolutamente falso que (su hijo) sea o haya sido socio o tenido alguna relación profesional o de cualquier otra naturaleza con el despacho Álvarez Puga”.

Sin embargo, documentos con el listado de empleados de ese bufete y que detallan otras situaciones laborales, lo vinculan directamente con el despacho, cuyo dueño está prófugo.

LOS SEÑALAMIENTOS

Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra fugitivo desde septiembre pasado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) le giró orden de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal, peculado, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El abogado es acusado de participar en un esquema de defraudación que permitió el desvío de casi 3 mil millones de pesos de las arcas federales.

Mientras, hace unos días, la revista Contralínea publicó que Santiago Creel y su hijo tenían nuevos expedientes abiertos ante la UIF, la FGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por presuntamente participar en una red de factureras.

Al respecto, el político panista respondió que “no tenía conocimiento” de las indagatorias y se dijo sorprendido, pues justificó, en su trayectoria “nunca ha tenido problemas con la ley”.

OTROS EN EL LISTADO

En la misma relación de empleados de Álvarez Puga y Asociados, que data de 2013, aparecen otras personas que ahora son integrantes de bufetes de abogados o tienen cargos públicos.

Por ejemplo, Guillermo Govela Martínez, quien fue coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (2011-2013) aparece como asesor. A la fecha, es abogado de la firma Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez.

A su vez, Mitzy Viviana Nogueda Ramos, quien aparece como coordinadora de asuntos penales, en la actualidad es directora de área de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Según la Nómina Transparente del Gobierno federal, la funcionaria ostenta un salario de 58 mil pesos mensuales netos y en su currículo oficial no colocó que trabajó para Álvarez Puga.

A pesar de estar en una lista de trabajadores de 2013, Nogueda Ramos señaló, en su perfil oficial de la CEAV, que en ese año ocupó el cargo de secretaria particular de la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.

A su vez, Javier Vázquez Mellado Mier y Terán aparece como subdirector de asuntos corporativos de la firma y en la actualidad es el titular de la Notaría Pública 175 del Estado de México.

Por otra parte, Sergio Andrés Bravo y Rafael Delgadillo, ambos subdirectores, también fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por el fraude de la empresa Oceanografía.

Isaac Maximino Ibarra Barajas estaba en la nómina de Álvarez Puga como socio director en Puebla y, a la fecha, es socio fundador del despacho Ibarra Barajas