Las minas de Bailleres, Slim y Larrea, están devastando los bosques de nuestro país
Los 673 proyectos mineros (44% del total) ubicados en bosques y selvas sin consultas previas a las comunidades son principalmente operados por mineras canadienses, pero también por las empresas de Alberto Baillères (Peñoles), Carlos Slim (Grupo Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (Altos Hornos de México).
Esta información fue dada a conocer en el informe “Bosques comunitarios y minería en México”, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
“Estas zonas forestales del país se ubican en las regiones montañosas como la Sierra Madre y todo el eje volcánico transversal, donde están los ecosistemas forestales con comunidades que hacen un manejo sostenible de este recurso. Ahí se concentra casi la mitad de los proyectos mineros…”, indicó Sol Peres, una de las autoras del documento.
De los 673, 480 están en fase de exploración, 36 en desarrollo -o construcción de minas-, 123 son minas que ya operan y 34 son proyectos suspendidos.
Un proyecto que fue pausado es el de la mina Naica, operado por Peñoles en Chihuahua, un poblado minero y agrícola. En 2015 detuvo operaciones por una inundación y se siguen haciendo trabajos de reactivación.
También la mina San Antonio, de Grupo México, en Aquiles Serdán, Chihuahua,fue cerrada por tiempo indefinido en febrero del año pasado por una inundación.
“Lo más grave es que talar árboles para extraer minerales es legal con la actual Ley Minera”, aseguró Pérez.
Además, señaló que la reducción fiscal a empresas explica que los principales hombres ricos del país son los dueños de las principales mineras, actividad que no es de utilidad pública, “lo que sí es mantener estos ecosistemas”.
A la fecha, además, existen 342 proyecto mineros activasen 356 núcleos agrarios con cobertura forestal, de los cuales 248 están en explotación, 14 en desarrollo, 66 operando y 14 están suspendidos.
De igual forma, en 5 mil 222 núcleos agrarios se han otorgado 12 mil 616 concesiones mineras en 18 millones 473 mil hectáreas, donde en cualquier momento puede comenzar la exploración, esto es, el 48.2 por ciento de las más de 26 mil concesiones vigentes en total, otorgadas desde el sexenio de Salinas de Gortari.
Grave impacto ambiental
El informe da cuenta que en la mayoría de los casos, la extracción consiste en la excavación de grandes tajos en los que se inyectan grandes volúmenes de agua mezclada con sustancias como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, para separar los metales.
Este proceso contamina gravemente las aguas superficiales y subterráneas y se producen montañas de roca contaminada, además de generar una enorme destrucción tanto de los ecosistemas como de la salud de la población.
Durante meses, pobladores de Ocampo, Chihuahua, donde está la mina de Grupo Frisco, han denunciado la contaminación del río Moris y los arroyos aledaños, lo que los obliga a comprar agua embotellada para beber, cocinar y lavar.
La Semarnat ha avalado a comunidades y ejidos aprovechamientos forestales de madera en 2 millones 960 mil hectáreas de Chihuahua y Durango, por lo que ambas entidades concentran la mayoría de estos permisos.
No obstante, de las 90 comunidades a nivel nacional que han recibido la certificación del Forest Stewardship Council (FSC) que se entrega por un buen manejo forestal, en siete existen proyectos mineros con su respectiva contaminación ambiental, impacto a la salud y escasez de agua.
Estos son:
- Ixtlán de Juárez, Oaxaca
- Madera, Chihuahua
- Pueblo Nuevo, Durango
- Santiago Papasquiaro, Durango
Protección vs extracción
Hay más de 10 mil comunidades y ejidos en México que poseen territorios forestales y comercializan madera, carbón, resina, artesanías y servicios turísticos. Las familias campesinas hacen apicultura, extraen leña y materiales para la construcción, entre otras cosas.
Gracias a esas acciones colectivas de aprovechamiento y protección, nuestro país conserva grandes extensiones de bosques y selvas frente a presiones como los incendios, la extracción ilegal y el cambio de uso de suelo por proyectos agroindustriales, mineros, turísticos y de generación de energía.
“Cuando un territorio forestal propiedad de comunidades es concesionado a una empresa minera se confrontan dos visiones de los territorios: la visión comunitaria de largo plazo en su uso y aprovechamiento, y la visión extractiva orientada por una lógica de generación del mayor valor posible en el menor lapso de tiempo, sin sentido de sustentabilidad, sin un compromiso por el desarrollo local”, menciona la investigación.
