Daniel García Rodríguez fue presentado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP),  como su candidato a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza; sin embargo, se encuentra bajo proceso por el homicidio de la regidora del PAN, María de los Ángeles Tamés, en 2001. Incluso porta un brazalete electrónico.

 “Soy el único candidato que porta un brazalete electrónico y en ser procesado por un delito grave, pero que tiene a salvo sus derechos políticos por la presunción de inocencia”, expresó.

García Rodríguez estuvo en prisión preventiva por más de 17 años, junto con Reyes Alpízar, sin ser sentenciados en el penal de Barrientos, por lo que intervino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la ONU. Ambos salieron de prisión el 22 de agosto de 2019, con un brazalete electrónico de seguimiento atado a sus tobillos.

Por su parte, Pedro Tamés, padre de la regidora asesinada afirmó que la candidatura de Daniel García es “una absoluta desvergüenza y falta de ética política, de él y del partido Redes Sociales que lo está postulando el tener un candidato que está sujeto a proceso por homicidio calificado y porta un brazalete electrónico”.

Tras 17 años en prisión, acusados de asesinato de exregidora llevarán su juicio en libertad:

Daniel García Rodríguez y Felipe Reyes Alpízar podrán llevar en libertad el proceso que se les sigue por el homicidio calificado de la exregidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido en 2001. Un juez penal de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México adscrito al Distrito Judicial de Tlalnepantla determinó procedente sustituir la prisión preventiva oficiosa por otras medidas cautelares. La revisión de la medida cautelar fue ordenada por el Tribunal de Alzada, en apego a tratados internacionales y en respuesta a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y Amnistía Internacional. Los imputados esperan en prisión, desde hace 17 años, una sentencia que no se ha dictado. Con la medida, podrán seguir su proceso en libertad, pero deberán presentarse periódicamente a las audiencias, no podrán salir de la entidad y portarán un brazalete electrónico. Además, no podrán tener contacto con los ofendidos o sus familiares, por lo que tampoco podrán acercarse a sus hogares. Adicionalmente, a los ofendidos se les concedieron medidas de protección, como atención médica, psicológica y jurídica. El juzgador detalló que las medidas se aplicarán inmediatamente a los procesados, pero el brazalete electrónico les será colocado hasta agotarse los requisitos para su colocación ante la autoridad penitenciaria.   Denuncian tortura La defensa denunció “graves violaciones de los derechos humanos” de sus representados, pues fueron detenidos de manera arbitraria, sometidos a tortura, se violó el debido proceso, no fueron juzgados en un tiempo razonable y la prisión preventiva ha implicado un plazo excesivo. En tanto, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que Daniel García fue detenido por negarse a firmar una declaración que le habían preparado para señalar presuntos actos de corrupción del expresidente municipal y el presidente municipal electo para el periodo 2000-2003 en Atizapán de Zaragoza, los panistas Juan Antonio Domínguez Zambrano y Salvador Vázquez Herrera, quienes fueron sus jefes. Reyes Alpízar Ortiz fue detenido “sin orden de presentación ni de aprehensión” el 25 de octubre de 2002, en Tlalnepantla, cuando esperaba el autobús que lo llevaría a su casa, en el estado de Hidalgo. Además, fue presuntamente sometido a golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras, inyecciones, entre otras formas de tortura, para obligarlo a firmar una confesión prefabricada –en la que acepta acompañar al asesino de la edil– sin conocer su contenido, al grado que tuvo que ser solicitada una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo al hospital especializado en traumatología, pero el Ministerio Público hizo constar que sólo fue llevado para medirle la presión sanguínea.

Con información de Politico.