Enrique Peña Nieto, ocultó 120 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015. Durante la gestión de Alcántara, que sucedió paralela al Gobierno peñista (2012-2018), se facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado.

Por ello, se indagan las visitas del exfiscal a España y al Principado de Andorra, lugar que estuvo protegido por el secreto bancario hasta 2017. En dichos viajes, Alberto Alcántara sostuvo reuniones con el Fiscal General de Andorra, Alfons Alberca, y con las juezas Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, quienes instruían la causa de Collado por blanqueo, detallan los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil.

Alberto Alcántara Martínez, excoordinador General de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ya es investigado por tres viajes “inusuales” que realizó a España y Andorra, los cuales podrían estar vinculados al presunto favorecimiento que hizo a la causa contra el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, que está siendo investigado en el Principado andorrano por blanqueo de capitales.

Tal como lo reveló el diario español anteriormente, el extitular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) visitó a los funcionarios para entregar los resultados de una investigación que hizo México sobre el caso de Juan Collado. De acuerdo con la publicación, las comisiones rogatorias (también conocidas como petición de ayuda judicial) entre los dos países se hacen siempre por correo, por lo que las acciones de Alcántara causaron gran sorpresa.

Las visitas del mexicano al país español tenían el objetivo principal de “convencer a las autoridades de Andorra de que Collado era un ciudadano ejemplar y que el origen de su dinero era lícito. Alcántara, más que un Fiscal, parecía el abogado de Collado”, aseguró una fuente con la que conversó El País. “El Banco de México, Hacienda, Presidencia, todos se confabularon para liberar los fondos de Collado”, agregó.

“La estrategia de Alcántara y de la Fiscalía del Gobierno de Peña Nieto […] consistió en iniciar una investigación en México sobre los fondos de Collado para justificar su origen, archivar el caso y evitar que la Justicia de Andorra continuara con la causa al ser un hecho ya juzgado. Así, elaboraron un informe en el que se bendecía el origen de la fortuna de Collado”, se lee en la publicación española.

Las gestiones de Alberto Alcántara Martínez lograron que la Justicia andorrana archivara de forma provisional el caso, en 2018, y se liberaran los 93 millones de dólares que acumulaba entonces el abogado. En el informe que entregó la entonces PGR se justificaba el origen y la legalidad de la fortuna Collado.

La FGR, actualmente a cargo de Alejandro Gertz Manero, remitió una comisión rogatoria a Andorra para anunciar sobre la indagatoria en contra del funcionario peñista, por lo que solicitó toda la información que se tenga sobre los tres viajes de Alcántara Martínez y cualquier dato que acredite su participación en la investigación sobre Juan Collado.

“Tres viajes inusuales de Alberto Alcántara, coordinador general de Investigación, bajo el concepto de reuniones de trabajo con diversas autoridades de procuraduría de justicia, fueron realizados como comisiones extraordinarias de trabajo”, dice el escrito que firma Guadalupe Rodríguez Cruz, directora de Asistencia Jurídica Internacional, y al cual tuvo acceso el diario español.

“La carpeta de investigación se inició con motivo de la denuncia formulada por Collado (el abogado inició en México el procedimiento), actuaciones que en todo momento fueron avaladas por Alberto Alcántara solicitando al Gobierno del Principado de Andorra que sobreseyera la causa por haberse decretado el no ejercicio de la acción penal. De ahí que concluya que dicha investigación fue integrada de manera irregular y que la determinación concretada fue contraria a derecho, ocasionando con ello que el Gobierno de Andorra fuera mal informado de dicha investigación”, detalló Rodríguez Cruz.

Juan Collado fue detenido en México el pasado julio de 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un mes después, Andorra anunció que reabrió la causa del letrado, con lo que congelaba 93 millones de dólares con los que contaba en la región española.

El 2 de septiembre del 2020, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal adscrito al Reclusorio Norte vinculó a proceso a Juan Collado Mocelo por presuntos fraudes.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) imputó una demanda en contra del exabogado de Enrique Peña Nieto por presuntos tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia, el Juez determinó que sólo existen elementos para investigar un posible fraude.

En la audiencia, que duró poco más de 20 horas, se dio un plazo de dos meses para que la Fiscalía presente la investigación complementaria. Javier López, defensa de Collado Mocelo, declaró que si bien las investigaciones continuarán, se mostraban contentos y harán todo lo posible para demostrar que no hay hechos delictivos.

Caso Juan Collado: ex abogado de Peña Nieto:

Juan Collado Mocelo, abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, y Alberto Manuel Alcántara, ex alto mando de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), fueron imputados con los cargos de tráfico de influencias y defraudación fiscal equiparada, según detallaron a Animal Político autoridades del poder judicial federal.

Collado Mocelo, quien además fuera abogado de Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps, fue encarcelado desde hace poco más de un año después de que la FGR consiguiera que un juez federal, Eduardo Velázquez Rea, decidiera procesarlo por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Está preso, desde hace más de un año, de forma preventiva, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El caso derivó de la denuncia de una presunta venta ilegal de un terreno, en el estado de Querétaro, por 24 millones de pesos.

Además, es el centro de una investigación por lavado de dinero y gestiones indebidas del descongelamiento de 76.5 millones de euros de una cuenta suya en el microestado de Andorra, en la Unión Europea.

Fue en la audiencia 174/2020, realizada el pasado jueves a las 10:00 horas en el Reclusorio Norte, donde se leyeron los cargos a los detenidos. Sus abogados solicitaron seis días para preparar la contestación a las imputaciones.

La próxima audiencia será el martes 1 de septiembre, también a las 10:00 horas, para que los acusados Collado y Alcántara puedan presentar pruebas, si es que las hay, y responder a las imputaciones.

Después, el juez del caso podrá definir si se abre un proceso contra ellos por los delitos que se les acusa.

Las imputaciones para Collado se suman a las de otro proceso donde es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Para éste se tenía contemplada una audiencia el pasado miércoles 26 de agosto. Sin embargo, fue diferida a petición de sus abogados y se realizará el domingo 30 de agosto.

En caso de que el juez considere que en las nuevas imputaciones existen los elementos suficientes, podría derivar en dos procesos más para el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Cabe recordar que derivado de este caso, la FGR había solicitado al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte que se declarara penalmente responsable a Collado, pues puso “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al no reportar las ganancias derivadas de la participación en la empresa Libertad Servicios Financieros, también llamada Caja Libertad.

En este sentido, la Fiscalía ha considerado que el abogado “se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la pena mínima”, a causa de la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba, ya que era considerado “un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”.

De acuerdo con la acusación escrita, la FGR aseguró que por medio de Libertad Servicios Financieros se llevaron a cabo transferencias a España y Andorra, así como otras partes de Europa sin que se comprobara la procedencia de los recursos, además de que se simulara la compra de otras compañías.

Asimismo, había una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la cual se acusó a Collado y a más personas de haber conformado un “grupo delictivo” que bajo un reparto de funciones esenciales logró vender una propiedad que fingieron adquirir, pero que en realidad no les pertenecía.

Cabe mencionar que en la denuncia inicial del caso también se señaló que los ex presidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari tenían presuntos nexos con Libertad Servicios Financieros, pero este hecho no formó parte de la acusación inicial presentada ante el juez, aunque sí quedaron líneas de investigación abiertas.

Con información de Sin Embargo.