A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó ante el Tribunal Electoral la advertencia del Instituto Nacional Electoral de que no puede hablar del proceso electoral en curso.
El documento presentado ante la Oficialía de Partes del INE, establece que la Comisión de Quejas realizó un análisis subjetivo e ilegal sobre dichos futuros, los cuales, no consta que puedan pasar.
El 4 de diciembre, dicho órgano electoral hizo llegar a la Presidencia un escrito en el que informa sobre la medida cautelar aplicada: "Se ordena el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de realizar o emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos".
Se argumenta que tal acción es un agravio para el Primer Mandatario, quien, justifica, únicamente habla en sus conferencias mañaneras y actos públicos en los estados de asuntos relevantes y responde preguntas de medios de comunicación, apelando a la libertad de prensa.
Con una artimaña jurídica, los consejeros del viejo régimen al interior del @INEMexico quieren dar un golpe de Estado técnico contra @lopezobrador_ y Morena en las elecciones de 2021 ????
— John M. Ackerman (@JohnMAckerman) December 8, 2020
Sobre esto les cuento hoy en mi columna de @LaJornada ????????https://t.co/WsDFemiXeu
"Los mensajes que emite el Presidente de la República durante las conferencias de prensa o en los actos públicos que encabeza no pueden calificarse a priori como posiblemente ilícitos tal, ya que la realización de dichos actos no transgrede en modo alguno los principios de equidad o imparcialidad en la contienda electoral.
"La aparición del titular del Ejecutivo Federal, así como la intervención de distintos funcionarios de la Administración Pública tienen como propósito dar respuesta a las preguntas de los medios informativos que acuden en un claro ejercicio de la libertad de prensa, la cual goza de una presunta presunción de licitud al tratarse de un derecho fundamental", asegura.
La semana pasada, la Comisión de Quejas determinó aplicar una medida cautelar, en su modalidad de "tutela preventiva", ante denuncias presentadas por el PAN y PRD sobre la presunta intromisión de López Obrador en el proceso electoral, pues en un acto en Baja California criticó la alianza entre el PAN y PRI.
Los consejeros advirtieron que era necesaria esa sanción, debido a que en otras ocasiones se le ha hecho un llamado al Presidente a no dar sus opiniones sobre el proceso electoral, pero ha hecho caso omiso.
La Consejería Jurídica pide a la Sala Superior revisar y echar abajo dicha resolución, pues, argumenta, no se ajusta a las determinaciones que el propio Tribunal ha hecho sobre medidas cautelares.
"Tal circunstancia causa agravio en la esfera jurídica de mi representado ya que dicha determinación no encuentra sustento en la legislación comicial invocada por la responsable, pues su resolución está indebidamente fundada y motivada y en contravención a los principios de legalidad y certeza jurídica que debe regir en todo acto de autoridad", indica.
En el documento se agrega que el INE no puede partir de "meras especulaciones o prejuicios" sobre que las declaraciones del Presidente volverán a darse.
Con información de Reforma.