En la segunda mitad de 2018, dos proveedores de la Policía Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporación a una red de compañías en muchos casos inexistentes o sin actividad, según datos obtenidos por EL PAÍS y Univision. Los proveedores, Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos —40 millones de dólares de entonces— con la Policía Federal para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas. Esrome y Dizoal debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes, pero en realidad mandaron casi todo —algo más de 768 millones de pesos— a otras empresas, que a su vez lo mandaron a otras compañías, la mayoría en México.

Las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de Ciudad de México. En entrevista, José García Brito, de 74 años, socio fundador de Dizoal y Alberta Manzano, de 65, fundadora de Esrome, dijeron que nunca habían estado en Chalco y menos habían creado empresas que luego habían obtenido contratos millonarios con la Policía Federal.

Los nuevos señalamientos de desvío provienen de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). EL PAÍS y Univision han tenido acceso a los informes de la auditoría, que detallan el desvío de fondos organizado desde Esrome y Dizoal y que han servido de base para presentar dos denuncias ante la Fiscalía General de la República. Los informes, que no eran públicos hasta ahora, profundizan en las sospechas que levantó la propia ASF en febrero de 2019, cuando señaló por primera vez irregularidades en los gastos de seguridad pública y nacional de la Policía Federal durante el año anterior. Según ha podido saber este diario, las denuncias han caído en la cesta de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos.

Los contratos se firmaron en el segundo semestre de 2018, durante los últimos seis meses de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). La Policía Federal estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por el político mexiquense Alfonso Navarrete. Renato Sales era el comisionado nacional de Seguridad y Manelich Castilla, el comisionado de la Policía Federal. Castilla es el funcionario de mayor rango vinculado a los contratos con Esrome y Dizoal. El comisionado avaló la entrega de fondos de la corporación a las divisiones que luego firmaron los contratos con los proveedores. Este diario ha contactado a Castilla vía mensaje de texto, pero no ha contestado. Preguntado en octubre por este mismo asunto, Castilla respondió que las responsabilidades de su puesto radicaban en el área operativa y táctica de la institución.

Las sospechas sobre Esrome, Dizoal y la Policía Federal aumentan ahora, visto el recorrido de los fondos después de la firma de los contratos. Los auditores señalan que Esrome y Dizoal transfirieron buena parte del dinero de los contratos, 571 millones del total de 774, a otras dos empresas, Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa. Tanto una como otra fueron creadas el mismo día que Esrome y Dizoal, el 4 de abril de 2017, ante el mismo notario del Estado de México, Salvador Ximénez Esparza. Preguntado al respecto por mensaje de texto la semana pasada, Ximenez Esparza, que perdió la titularidad de la notaría hace años después de varias denuncias por irregularidades, se ofreció a introducir los nombres de las dos empresas “en el sistema” para encontrar una explicación. Este lunes, Ximénez Esparza ha escrito solo para decir que las empresas se crearon efectivamente en su notaría.

Cuando EL PAÍS informó en octubre de que Esrome y Dizoal eran empresas fachada, Ximénez Esparza contactó al diario para explicar que él no tenía conocimiento de la naturaleza irregular de las compañías. Ximénez Esparza sostenía que él no había cometido ninguna irregularidad. Dijo que en su notaría se presentaron las personas que dijeron ser las que luego aparecen como socias y representantes de Dizoal y Esrome en el registro público de comercio. Entrevistadas, estas personas negaron haber ido a la notaría a crear ninguna empresa. El notario señala que ha presentado una denuncia por suplantación ante la fiscalía del Estado de México y mandó copia de la carátula.

La pirámide

El 21 de junio de 2018, Dizoal y la División Científica de la Policía Federal firmaron un contrato para adquirir “una solución integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales”, según consta en el documento. El pago sería de 499 millones de pesos. Dizoal era un mero intermediario, pues el producto que ofrecía lo fabrica en realidad la empresa israelí de seguridad Cybergloves LTD. Dizoal decía tener un convenio para comercializar en México sus productos. De acuerdo al contrato, Dizoal se comprometía a entregar “licencias para los programas de cómputo OSINT/ATLAS y SS7, equipos de cómputo y servidores para monitorear redes sociales, explorar y extraer perfiles y publicaciones, recuperar información de publicaciones por geolocalización, análisis de perfiles, obtención y visualización de redes de vínculos”, entre otras cosas.

El dinero nunca llegó sin embargo al proveedor israelí. Un día después de firmar el contrato, el 22 de junio, el dinero llegó a la cuenta de Dizoal y entre ese día y el 27 de septiembre Dizoal movió 173 millones de pesos en varias transferencias a la cuenta de Servicios Profesionales Odell. En esa misma horquilla temporal, Dizoal transfirió 147 millones a Soferxa. El resto, 179 millones, lo repartió entre otras 13 empresas, todas en México. Con datos del sistema tributario, la ASF confirmó que 10 de las 15 empresas a las que Dizoal transfirió dinero en esos meses, entre ellas Odell y Soferxa, no declararon ingreso alguno ante Hacienda.

En el caso del otro proveedor de la Policía Federal, Servicios Esrome, el esquema es parecido. Esrome firmó dos contratos con la Policía Federal en 2018. Los dos datan del mismo día, el 17 de septiembre. Uno es con la División de Inteligencia por 102 millones de pesos y el otro con la División de Investigación, por 172 millones. El primero es para adquirir el sistema LYNX, que monitorea e intercepta llamadas satelitales, fabricado por la empresa israelí Gita Technologies LTD. El segundo es para obtener el sistema GUARDIAN UNIFIED, fabricado por otra empresa israelí, Septier Communication LTD, que intercepta comunicaciones GSM tácticas. En ambos casos, Esrome, como Dizoal, decían que tenían un convenio con las compañías israelíes para comercializar en México sus productos.

El 7 de noviembre de 2018, la Policía Federal transfirió 102 millones de pesos a Esrome en pago por el sistema LYNX. Del 7 al 21 de noviembre, Esrome transfirió 40 millones de pesos a Odell y 37 millones a Soferxa. El 22 de noviembre, la Policía Federal transfirió 172 millones a Esrome en pago por el sistema GUARDIAN UNIFIED. Del 22 al 29 de noviembre, Esrome transfirió otros 82 millones a Odell y 91 más a Soferxa. Es decir, 250 de los 274 millones acabaron en esas dos empresas que, según la ASF, no tienen actividad.

A diferencia de Dizoal, Esrome sí transfirió una pequeña cantidad a una de las compañías israelíes. El 22 de noviembre, la empresa pagó cinco millones de pesos a Gita Technologies. Septier no recibió pago alguno, Cyberglobes tampoco.

En octubre, EL PAÍS consultó con la organización C4ADS, que se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. C4DS revisó los registros internacionales de comercio y confirmó que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran envíos de ninguna de las tres empresas israelíes a Dizoal o Esrome. “Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018, ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

En su informe, la ASF da vista al Servicio de Administración Tributatia, SAT, para que audite a Dizoal y Esrome.

Más irregularidades

Los auditores señalan que Odell y Soferxa transfirieron parte del dinero de la Policía Federal a otras cuatro empresas y dos personas físicas. En el caso de Odell fueron 111 millones de pesos. Soferxa movió 77 millones. Ninguna de las cuatro empresas a las que llegó el dinero de Odell y Soferxa aparecen en el registro público de comercio. La que más dinero recibió, Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, que no aparece en el registro, sí cuenta con página web y teléfonos de contacto. EL PAÍS se comunicó con la empresa para preguntar por las transferencias de Odell y Soferxa. Un operador tomó los datos para trasladarle la petición al gerente. Al cierre de esta información, el gerente no había devuelto la llamada.

De acuerdo al informe de los auditores, la cercanía entre los proveedores Esrome y Dizoal y el segundo escalón de la red, Soferxa y Odell, va más allá del notario o la fecha de constitución. Las empresas comparten además cargos o direcciones. Por ejemplo, el apoderado legal de Esrome, Víctor Hugo Fuentes, participó como delegado especial de Dizoal en sus asambleas. El mismo Fuentes ha dado el mismo domicilio particular que otros cargos de Dizoal. Esrome, Dizoal y Soferxa han compartido a las mismas seis apoderadas legales. En las constancias de situación fiscal de 2019, Esrome y Dizoal reportaron el mismo domicilio fiscal, cosa que ocurre igualmente con Odell y Soferxa…

En 2019, los auditores mantuvieron varias reuniones con los representantes legales de Dizoal y Esrome. En el caso de Dizoal, los auditores preguntaron por los pagos a Odell y Soferxa. La respuesta del apoderado legal fue que no sabía nada de pagos a esas empresas. Lo mismo ocurrió con Esrome. Los funcionarios de la ASF fueron igualmente al domicilio fiscal compartido entre Odell y Soferxa para entrevistarse con sus representantes. “Las personas presentes en el domicilio dijeron que allí ya no se encontraban esas empresas”, cierra el informe.

Este esquema de desvío detectado en la Policía Federal no es el único asociado a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional durante los años de Peña Nieto. En julio, se informó sobre el desfalco de más de 7 millones de dólares cometidos en la Fiscalía en 2013 y 2014 cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de esa misma partida. Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto. En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas, para evitar que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prevé controles para esta partida, pero la Administración anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores.

Durante el Gobierno Peña Nieto, el último del PRI, las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos —unos 3.000 millones de dólares— de esta partida, mucho más que en el Gobierno anterior. Si en los últimos dos años de mandato de Felipe Calderón (2006-2012) el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto volvió a niveles de 2011. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de dólares. Es decir, uno de cada cuatro dólares que gastó la Policía Federal con cargo a esa partida en 2018 terminó en las empresas fachada.

Con información de El País.