Uno de los principales fenómenos que ocurren cuando un país emprende una cruzada contra la corrupción de reina hacia abajo, lo cual quiere decir que los más altos gobernantes comienzan la lucha contra este fenómeno combatiéndolo desde los puestos más altos de la administración pública, es que los puestos de “abajo”, prácticamente aquellos que tienen contacto directo con el ciudadano, muestran una espiral aguda de actos de corrupción por varias razones: porque su jefe, con el que estaban coludidos para actuar corruptamente, fue despedido por los mandos superiores de la administración pública por corrupto; porque creen que muy pronto van a ser despedidos ya que en el pasado fueron corruptos; porque con la cruzada en contra de la corrupción se rompió el “equilibrio corrupto” que existía antes y qué “regulaba” en parámetros “aceptables” este actividad ilícita.

Algo así sucedió en México con la lucha contra la corrupción del presidente AMLO. El número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno aumentó en el primer año de esta administración federal, aunque la percepción de la población adulta sobre este tipo de hechos se redujo, según los resultados más recientes de la Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que se elabora cada dos años.

La tasa de prevalencia en esas situaciones ilícitas se incrementó de 14 mil 635 afectados por cada 100 mil habitantes, en 2017, a 15 mil 732, en 2019, al igual que la incidencia, la cual pasó, en el mismo periodo, de 25 mil 541 actos por la misma cifra de ciudadanos, a 30 mil 456.

Mientras que la percepción por parte de la población urbana de 18 años y más sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% a 87%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, la entidad federativa con mayor tasa de prevalencia el año pasado fue Durango, con 25 mil 389 víctimas por cada 100 mil habitantes; le siguen la Ciudad de México (20 mil 690), Estado de México (20 mil 683), Quintana Roo (19 mil 946), Morelos (16 mil 396) y Guanajuato (16 mil 100).

A consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, el costo total de esas diligencias fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.

Entre los estados que registraron las cifras más altas en este rubro se encuentran Yucatán, con 44.8 mil pesos por víctima; Coahuila, con 17.9 mil pesos; Chiapas, con 15 mil pesos; Querétaro, con 8.6 mil pesos; Nayarit, con 5.9 mil pesos; Puebla, con 5.3 mil pesos, y Guerrero, con 5 mil pesos.

Con información de El Universal