De alargarse la pandemia del coronavirus (COVID-19) en México, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada ve el riesgo de que se presenten saqueos a comercios por hambre, informó el lunes en un mensaje a medios de comunicación el coordinador general de esa cúpula empresarial, Armando Zúñiga Salinas. El empresario aseguró:

Es latente si la interrupción de actividades económicas sigue, pues hay temor de que la gente salga a las calles a saquear por hambre, porque los saqueos que hemos tenido hasta ahora, sobre todo los del principio, es más vandalismo”.

Joel Juárez Blanco, presidente de esa misma asociación, advirtió riesgos para establecimientos comerciales, industriales y corporativos, por lo que llamó a esos sectores a extremar cuidados. En conferencia de prensa, representantes de la seguridad privada nacional afirmaron que la inactividad empresarial provocada por el coronavirus (COVID-19) ha traído consecuencias negativas.

Aumento de robos en carreteras de 7% en promedio a nivel nacional en el bimestre marzo-abril, comparado con el de enero-febrero de 2020.

El sector automotriz

Víctor Presichi, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y protección vehicular Mediante GPS, comentó que Puebla, Veracruz y Tlaxcala tienen incrementos en robos por arriba del 40%, medido también bimestralmente. Guanajuato ha sido una zona atacada por grupos delincuencias que pelean plazas “desde hace ya algunos meses o años, traemos un 25% de incremento”.

Y en el Estado de México, Ciudad de México y zona conurbada es un comportamiento diferente porque se enfoca en vehículos ligeros, de carga y distribución, camionetas. Estamos viendo incrementos arriba del 20%”. 

Estos empresarios señalan que la actividad en el sector ha disminuido 20%; se ha perdido 15% de empleos, además de la caída de contratos y flujo de efectivo. Lo más grave es que unos 10 trabajadores de este sector han fallecido por COVID-19.

En conjunto, hacen un llamado al Gobierno federal a que les permita posponer los pagos o cuotas a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para continuar operando.