Desde el pasado 25 de enero, Marcos Aranda Rosales le compró a la extinta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) unas placas para su vehículo recién adquirido y siete meses después la Policía de Zapopan llegó a su domicilio en la Colonia Miramar a notificarle que eran robadas.
Las láminas, con la matrícula JRC-86-57, le costaron mil 894 pesos, según el recibo con el folio 11-4169-3309 emitido por la citada dependencia, pero según la Procuraduría General de Justicia estaban reportadas como robadas desde el 9 de febrero de 2018 en Chihuahua.
La Secretaría de la Hacienda Pública, dependencia que asumió atribuciones de la extinta Sepaf, se deslindó de la venta de placas con reporte de robo, pues aseguró que se trata de un error administrativo en otra entidad federativa, y sugirió al agraviado resolver por su cuenta el problema.
"El ciudadano puede hacer uso de los medios de defensa o aclaratorios que considere pertinentes a fin de que se corrija el error de captura en el sistema de la entidad de Chihuahua. Y una vez resuelto el error podrá solicitar la devolución correspondiente", señaló la dependencia.
Por lo pronto Aranda Rosales tuvo que pagar 323 pesos por dar de baja las placas con reporte de robo, y otros 2 mil 216 pesos para comprar unas nuevas, de acuerdo con el recibo con folio 40-0294-1783.
Para el investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, Rogelio Barba Álvarez, es lamentable que los ciudadanos se vean obligados a verificar que no sea ilegal lo que adquieren de buena fe del Gobierno.
"Lo que tiene que hacer el ciudadano es acudir a la Fiscalía y presentar las placas para saber si tienen reporte de robo o no (...). El propio Estado nos está victimizando, nos está obligando a hacer un doble trámite que es innecesario", reprochó.
Con información de Mural.