Tomas Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se niega a regresar a la ahora Fiscalía General de la República (FGR) un aparato de seguridad personal que incluye a 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más que lo mismo lo cuidan a él que a su familia.

Zerón de Lucio, quien el pasado 29 de julio fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por diversas irregularidades en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se amparó hace días para no devolver el aparato de protección a costa del erario público y argumentó que, según un acuerdo del 29 de septiembre de 2016, la PGR ordenó que le mantendrían escoltas y vehículos blindados hasta septiembre de 2021.

Sin embargo, este lunes, la Fiscalía General de la República impugnó esa suspensión definitiva concedida por un Juez de la Ciudad de México, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si procede o no quitarle la protección al ex funcionario del Gobierno de Peña Nieto.

Tomás Zerón es indagado actualmente por la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. La investigación forma parte de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa.

Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Peña mientras en las calles se pedía su cabeza por haber realizado un montaje que dio con la famosa “verdad histórica”.

En las manos de Zerón quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que supuestamente manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.

Con información de SinEmbargo.