México era el único país en el que se había comprobado corrupción de la brasileña Odebrecht y nadie había resultado afectado, todo fue impunidad durante el mandato del priista Enrique Peña Nieto. Pero ahora el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lanzó su primer proceso judicial importante contra la corrupción, una de las promesas centrales de su campaña electoral, apuntando a la corrupción en Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera estatal que se encuentra en crisis.

Las autoridades dijeron este martes que se han presentado cargos por soborno y fraude fiscal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero él no ha sido el único señalado.

La hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado estuvo en 2012 frente a la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI, justo cuando Osorio Chong estaba a cargo de la Secretaría de Organización. Una recibía los recursos y el otro los ejecutaba justamente cuando la brasileña reconoció haber inyectado dinero a la campaña presidencial.

Carlos Aniano Sosa Velasco, presidente de Grupo Constructor Tulancingo, también se benefició con un contrato de Odebrecht con el hoy prófugo Emilio Lozoya. Al igual que Mayorga, es muy cercano a Osorio Chong, al grado de que ha fungido como su testaferro en por lo menos dos mansiones habitadas por el extitular de Gobernación.

Lozoya ha sido acusado de recibir sobornos en relación con la compra de una planta de fertilizantes por parte de la compañía petrolera, dijeron los funcionarios.

El caso en contra de Lozoya se deriva de una amplia investigación en toda la región sobre la empresa constructora brasileña Odebrecht y su papel en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Desde que empezaron las pesquisas hace varios años, Odebrecht admitió haber pagado aproximadamente 800 millones de dólares en sobornos a líderes en una docena de países de Latinoamérica para asegurar contratos lucrativos.

Los funcionarios de Odebrecht han proporcionado nombres, fechas y números de cuentas para ayudar a los fiscales de todo el hemisferio a rastrear el movimiento de sobornos.

El escándalo conmocionó a las élites políticas y comerciales de América Latina, ya que las consecuencias afectaron a casi todas las naciones donde la empresa hacía negocios, lo que llevó a la destitución de presidentes y al arresto de funcionarios gubernamentales.

Pero en medio de la ola de investigaciones que sacuden a la región, una nación parecía no estar afectada: México. Pocos años después de que estallara el escándalo, dos investigaciones federales se habían estancado a pesar de que Odebrecht admitió en 2016 ante investigadores estadounidenses, brasileños y suizos, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

Venezuela es otra excepción notable entre los países del hemisferio que no han tomado medidas para enfrentar el escándalo.

El gobierno del entonces presidente Peña Nieto se negó a presentar cargos para no poner en peligro las posibilidades de su partido en las elecciones presidenciales de 2018, según dijeron funcionarios mexicanos entonces.

Sin embargo, el hecho de no presentar cargos no ayudó a su movimiento político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que quedó diezmado en todos los niveles de gobierno, en particular con la pérdida de la presidencia a manos de López Obrador, quien hizo campaña prometiendo erradicar la corrupción que azota a México. Ahora, con los cargos presentados contra Lozoya, el gobierno actual parece estar cumpliendo su promesa.

Lozoya, quien fue miembro del equipo de campaña de Peña Nieto en 2012 y fue puesto a cargo de Pemex luego de que su candidato ganara la presidencia, negó haber cometido algún delito. El martes, su abogado no respondió a nuestras peticiones de comentarios.

El caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de una planta de fertilizantes mientras dirigía la empresa, dijo en una entrevista Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda.

La planta no estaba funcionando cuando Pemex se la compró a Altos Hornos de México (Ahmsa), una importante empresa mexicana de acero, pagando 475 millones de dólares, una suma que, según los críticos de la compra, estaba drásticamente inflada.

Según Nieto, los investigadores mexicanos se han enfocado en una serie de transferencias de dinero asociadas con la compra que, según dicen, implican a Lozoya, incluida una transferencia de 3,6 millones de dólares que Ahmsa envió a una empresa fantasma en Suiza que estaba relacionada con Lozoya.

Nieto dijo que Ahmsa transfirió el dinero a la compañía fantasma a través de una subsidiaria de Odebrecht.

’Nuestra hipótesis es que fue un soborno’, dijo Nieto.

El pago de 3,6 millones de dólares, dijo Nieto, fue separado de los 10,5 millones en sobornos que Odebrecht admitió haberle pagado a funcionarios mexicanos.

Además de los cargos de soborno y fraude fiscal, las autoridades también han acusado a Lozoya de realizar operaciones utilizando dinero de fuentes ilegales, dijo Nieto.

En otras acciones tomadas contra Lozoya, la Secretaría de Finanzas de México anunció el lunes que había congelado sus cuentas bancarias, y la semana pasada el gobierno lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años.

Nieto dijo que el caso de Lozoya ahora recae en el principal fiscal de la nación.

’El fiscal general tiene que ponerse en movimiento’, dijo.

El gobierno también congeló las cuentas bancarias de Ahmsa esta semana. El diario El Universal informó el martes que el presidente de Ahmsa, el fabricante de acero, había sido detenido por agentes de Interpol en España debido a una solicitud de extradición emitida por las autoridades mexicanas.

Eduardo Bohórquez, uno de los principales activistas anticorrupción de México que ayudó a liderar una campaña que tuvo como resultado cambios importantes en el sistema anticorrupción de la nación, calificó los casos contra Lozoya y Ahmsa como ’una buena señal’.

’El impulso social que conbdujo a la reforma anticorrupción de 2016 tuvo que esperar casi tres años para finalmente ver la luz a través de este caso’, dijo.

Pero también advirtió que los casos se encontraban en sus primeras etapas y que los mexicanos podrían mostrarse escépticos de que estos procesos realmente indiquen un cambio cultural y político.

’La impunidad sigue siendo un temor común entre los ciudadanos’, dijo Bohórquez. ’La lista de los principales casos que fueron anunciados y procesados, pero donde no se hizo justicia, es larga’.

Con información de Emmanuel Ameth.