El pasado 6 de mayo Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró la ficha roja contra el exgobernador de Puebla Mario Marín para que sea buscado en más de 190 países por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

En 2005, Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a Puebla por elementos de la Policía estatal, quienes presuntamente la torturaron por la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que salía el nombre de Mario Marín por diversos actos ilegales.

Gertz Manero detalló que la orden de búsqueda internacional contra Mario Marín fue librada desde el 11 de abril, cuando un tribunal unitario ordenó su aprehensión, así como la del empresario Kamel Nacif.

En conferencia de prensa, el encargado de la Fiscalía General de la República declaró:

«Se libra la aprehensión contra Juan Sánchez Moreno, Hugo Adolfo Karma Beltrán, Mario Plutarco Marín Torres y José Kamel Nacif Borge por su probable responsabilidad en el delito de tortura”.

Sin embargo, de acuerdo con Eje Central, hoy se dio a conocer que una jueza concedió una suspensión a la orden de aprehensión girada contra el exgobernador Mario Marín.

Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue quien emitió el fallo a favor del exmandatario estatal de Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La medida no evita que Mario Marín sea detenido, ya que el delito por el que se ordenó su captura a nivel internacional está consignado bajo el sistema de justicia penal mixto y está tipificado como grave.

Por lo anterior, en caso de que Mario Marín sea aprehendido, no podría llevar su proceso de juicio en libertad.

¿Qué opina el PRI?

El Comité Directivo Estatal en Puebla del Partido Revolucionario Institucional se deslindó de los cargos que enfrenta el exgobernador.

Por su parte, Lorenzo Rivera Sosa, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, afirmó que Mario Marín debe responder de forma personal a sus actos por la orden de arresto dictada en su contra.