Los integrantes de la Cámara de Diputados preparan el último golpe para eliminar la rectoría de plazas a sindicatos y grupos magisteriales en la reforma educativa.

Esta mañana se dio a conocer que en el recinto de San Lázaro se preparan alrededor de ocho cambios a la minuta de la reforma educativa, donde se incluye una modificación al artículo 16 transitorio para dejar claro que la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de Maestros prevaleciendo siempre la rectoría del Estado.

Este artículo fue uno de los más señalados por los partidos de oposición durante cuando la reforma se discutió y analizó, el pasado 25 de abril, al señalar que abría la posibilidad apara que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) controlará una porción de las plazas docentes.

Las modificaciones a la reforma educativa que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se analizará en las comisiones unidas de a educación y puntos constitucionales y pasará al pleno de la Cámara de Diputados y en caso de ser aprobada se enviaría al Senado para su aprobación.

«Esto se hace con el ánimo de que el acuerdo político que se construyó en Cámara de Diputados trascienda también e incluya a los Senadores», explicó Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro.

Señaló que los cambios son muy contundentes pero no aseguró que los partidos de oposición aprueben la reforma impulsada.

«A los panistas últimamente no les convence nada, entonces ¿qué podemos hacer?», señaló Delgado al concluir la instalación del periodo de sesiones extraordinarias.

Otra de las modificaciones agrega que la enseñanza de matemáticas y la lecto-escritura integrarán los planes y programas de estudio; además que en un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones constitucionales, se definirá una Estrategia Nacional de Mejora a las Escuelas Normales.

Por último, también se integró un artículo transitorio para establecer que la Cámara de Diputados procurará los recursos para dar cumplimiento a la obligatoriedad del Estado para garantizar la educación superior.