Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V. ha sido la proveedora consentida en materia de seguridad durante el sexenio del Bronco, donde ha obtenido contratos millonarios principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la anteriormente Procuraduría estatal, por concepto de patrullas y equipamiento, comandos móviles y equipo de telecomunicación.

Se estima que los contratos otorgados a esta empresa ascenderían a miles de millones de pesos. Sin embargo, no es posible conocer el monto por tratarse de información que el Gobierno estatal mantiene reservada alegando motivos de seguridad.

Aunado a ello, ha extendido sus dominios a otras dependencias, como Protección Civil y recientemente el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, que dependen de la Secretaría General de Gobierno.

Con base en las cifras estatales, Nuevo León se encuentra entre los diez estados del País más golpeados por la pandemia, que hasta ayer había cobrado la vida de 34 personas y donde los casos confirmados superan ya los mil contagios, incluyendo un brote de 66 contagiados en un asilo, lugares que a nivel mundial reportan alta letalidad.

Frente a este escenario, el Gobierno independiente decidió favorecer a TSN con cinco contratos directos para comprar ambulancias, equipo médico y camas eléctricas por 277.5 millones de pesos, que representan el 47 por ciento del gasto reportado por la Secretaría de Salud, que asciende a poco más de 591.5 millones de pesos.

El 27 de marzo se le adjudicó un contrato por 14.4 millones de pesos para la compra de ambulancias y tres días después, el 30 de marzo, recibió otros tres contratos por cerca de 234.2 millones de pesos por equipo médico, y uno más de 28.9 millones para la adquisición de camas eléctricas.

Esto último, pese a que de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud federal – al 8 de mayo -, Nuevo León es una de las diez entidades del País con mayor disponibilidad de camas para hospitalización general, del 92 por ciento.

Según datos del Registro Público del Comercio, TSN fue inscrita en 1995 y en documentos posteriores correspondientes al 2017 aparece como representante de la sociedad el empresario tamaulipeco Eduardo Vázquez González, y como apoderado administrativo, Alejandro Homero Guerra Monroy, quien fuera secretario particular de Roberto Flores durante su periodo como Procurador estatal al inicio de la gestión del Bronco.

De acuerdo con notas periodísticas, Vázquez González ha sido señalado anteriormente por presionar a funcionarios municipales para ser beneficiado con contratos.

Esta información sobre los gastos erogados por el Gobierno de Nuevo León derivado de esta contingencia se desprende de informes financieros difundidos en el micrositio que habilitaron para este fin.

El reporte del gasto en salud no es el único que arroja favoritismos en el otorgamiento de contratos millonarios en plena pandemia de Covid-19.

En el rubro de obra pública, se reporta hasta la fecha erogaciones que ascienden a 224.6 millones de pesos, por parte de la Secretaría de Infraestructura, para reconversión y habilitación hospitalaria y de laboratorio.

De ese monto, poco más de 98.4 millones de pesos, que representan el 44 por ciento, corresponden a cuatro contratos adjudicados también de forma directa a la empresa Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V., registrada en 1999 y en cuyos documentos recientes figura como representante Julián Agustín Alonso Marín.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no están disponibles los contratos respectivos, catálogos ni conceptos, ni se detallan las obras o trabajos que incluye, por ejemplo, la reconversión hospitalaria de diversas áreas del Hospital Tierra y Libertad -del PT- por más de 18.5 millones de pesos, y adecuaciones de un centro de salud en Juárez, por cerca de 20 millones de pesos.

Además, dentro de los gastos que reportan por la pandemia, se detectó un contrato por más de 48.7 millones de pesos por obras y equipamiento del Hospital General de Montemorelos, otorgado a Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V., el 18 de octubre del 2019, ¡cuatro meses antes de que se registrara el primer contagio en México!.

También se realizaron compras a negocios que no están enfocados en la venta de insumos médicos o cuyo giro no corresponde al servicio prestado.

Tal es el caso de la Fábrica de Camisas Manchester, S.A. de C.V., que incluso no aparece en el padrón estatal de proveedores, y recibió un contrato por cerca de 10 millones de pesos para la adquisición de cubrebocas, que también compraron -por 3.8 millones- a Saldaña Papelería, S.A. de C.V., pese a que su giro es el de artículos de papelería y oficina, según su propio registro.

Otro ejemplo es Administración de Servicios y Logística Chavarría, S.A. de C.V., que aparece con el giro de asesorías y consultorías, y recibió pagos por 24.4 millones de pesos por contratación de personal.

Entre las empresas más beneficiadas en salud se encuentra también Dimsa Interpretación Médica, S.A. de C.V., con 50.2 millones de pesos por equipo médico, mobiliario y material de oficina; Sistemas Integrales de Electricidad, S.A. de C.V., con 44.1 millones por equipo para modernizar el sistema eléctrico del Hospital Metropolitano; y Amplibio, S.A. de C.V., por un laboratorio prefabricado de 35.6 millones.

El Gobierno estatal ha gastado al menos $607 mil pesos en “servicios integrales” para reuniones del Comité Estatal de Seguridad en Salud y con Gobernadores vecinos -que han costado al erario más de 100 mil pesos por encuentro-, así como en ruedas de prensa del Covid y una reunión con Alcaldes.

Mientras que en una reunión de dicho comité, el 22 de marzo, se gastaron más de 159 mil pesos, en el encuentro del 10 de abril con los Gobernadores de Coahuila y Tamaulipas, en un museo de Monterrey, se desembolsaron más de 112 mil pesos.

La mayoría de estos pagos, incluidos en los gastos de Salud, fueron otorgados a Impulsora de Rentas y Servicios, S.A. de C.V. y una sexta parte del monto a un proveedor de nombre similar, Impulsora de Banquetes y Servicios, S.A. de C.V..

En ninguno de los casos se detalla el tipo de servicios prestados, el número de personas atendidas, ni los alimentos y bebidas proporcionadas que incluyeron.

¿Y la transparencia? Cuentas mochas y opacas.

Contrario a las prácticas de transparencia y gobierno abierto, los informes financieros sobre el gasto de Nuevo León durante la emergencia sanitaria, que asciende hasta ahora a cerca de mil millones de pesos -en su mayoría adjudicados de manera directa- presentan información insuficiente y poco detallada.

Además de difundir solo reportes en formato PDF y no datos abiertos, que permitan procesar y analizar la información, no incluyen ligas a los contratos -que en la mayoría de los casos no están disponibles-, ni detalles de las compras, como cantidad de insumos, especificaciones, precios unitarios, y destino.

Mientras que en algunos casos con suerte es posible conocer el tipo de artículos adquiridos, y los montos totales, en otros la información es tan vaga que solo hace referencia a compras o contratos para la adquisición de “insumos” o “equipo médico”.

Asimismo, en el informe de apoyos alimentarios de la Secretaría de Desarrollo Social, por 113 millones de pesos, no se especifica el valor de las tarjetas electrónicas, ni cuántas despensas se compraron y lo que incluyen, y tampoco se difunde un padrón de beneficiarios.

En este rubro, las empresas mas beneficiadas son Broxel, S.A. de C.V., con pagos por 56.7 millones de pesos, y Sí Vale México, S.A. de C.V., por 26.7 millones.

Con información de Quinto Poder.