Desde la presidencia del consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña ignoró las advertencias de tres consejeros y dio su aval al contrato de suministro de etano que actualmente y en los próximos 18 años obligará a la petrolera a comprar gas en el extranjero y venderlo con un precio menor a Braskem, la filial de la empresa brasileña Odebrecht que opera el complejo Etileno XXI.

Ese contrato desencadenó un desastre industrial en Pemex: tan sólo durante los primeros 10 meses de operación de Etileno XXI, la empresa petrolera perdió cerca de 2 mil millones de pesos y dejó sin etano a sus propias plantas procesadoras de etileno –que dejaban altos márgenes de rentabilidad– para favorecer a Odebrecht, so pena de pagar multas multimillonarias.

La desgracia era previsible: estos efectos adversos fueron señalados en dos documentos que los consejeros Héctor Moreira Rodríguez y Rogelio Gasca Neri presentaron durante la sesión del consejo de administración de Pemex celebrada el 29 de abril de 2011, cinco años antes del arranque del complejo.

En ese entonces Meade llevaba cuatro meses al frente de la Secretaría de Energía –Felipe Calderón Hinojosa lo nombró en enero de 2011–, y como tal el ahora candidato a la Presidencia de la República por el PRI era, de facto, presidente del consejo de administración de Pemex.

El primer documento presentado en la reunión provenía del Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) y el segundo contenía una serie de comentarios de Gasca Neri, quien sostuvo que “Pemex va a estar importando gas y crudo para venderlos con un 20% o un 30% de descuento”, y sugirió que “dadas las inevitables consecuencias para PPQ, se debe de suspender el proyecto hasta que se discuta en el CA de Pemex y se apruebe explícitamente”.

Uno de los principales reclamos que surgió durante la reunión fue que el contrato se celebró en febrero de 2010 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, sin avisar ni darlo a conocer al consejo de administración.

Meade escuchó las advertencias y consideró “oportunos” los comentarios de Moreira, pero aseveró que en el caso del contrato con Braskem “el proceso se había cumplido a cabalidad”, de acuerdo con el acta del consejo de administración, que consultaron los integrantes de la Alianza Méxicoleaks, entre ellos Proceso, en el marco de esta investigación periodística.

Odebrecht se encuentra en el centro de un escándalo internacional de corrupción, y sus exdirectivos reconocieron que la empresa pagó sobornos a funcionarios de distintos países de América Latina y África para obtener contratos públicos.

En México, directivos de la empresa confesaron ante la justicia brasileña que pagaron unos 10.5 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero mientras éste coordinaba los asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y en un segundo tiempo ya como director general de Pemex.

Meade no firmó el contrato ni participó en las negociaciones con la filial de Odebrecht; sin embargo, cerró los ojos ante las advertencias del CEI, el órgano de Pemex encargado de emitir directrices, prioridades y políticas públicas en la empresa.

Ello quedó plasmado en un intercambio que sostuvieron Moreira y Meade: al leer el informe del CEI, el primero se sorprendió porque “este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto, sin embargo, el contrato NO (sic) se presentó al Consejo de Administración de Pemex, ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para PPQ”.

Meade desechó el argumento: “Al respecto, el presidente mencionó que quería aclarar que no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente”, relata el acta.

Durante esta investigación, se buscó una postura del ahora candidato presidencial, pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

En el contrato que celebraron Pemex y Braskem –esta última en consorcio con la empresa mexicana Grupo Idesa– el 19 de febrero de 2010, que fue enviado de manera anónima a través de la plataforma Méxicoleaks, las empresas privadas pidieron al gobierno federal que estableciera un arancel sobre las importaciones de etano para garantizar la rentabilidad de Etileno XXI.

Si bien la administración de Calderón cumplió el compromiso, fue Enrique Peña Nieto quién concretó el arancel, mediante un decreto presidencial que firmó el 6 de enero de 2016, meses antes de la inauguración de Etileno XXI, que por cierto se hizo con cerca de un año de retraso.

El 25 de febrero de 2010, seis días después de la firma del polémico contrato, el CEI pidió al consejo de administración su venia para revisar el documento, y el 29 de abril del año siguiente el tema central del consejo –que arrancó su sesión a las 8:30 de la mañana– consistía en revisar las conclusiones de los expertos.

Asistieron 21 funcionarios, entre ellos Juan José Suárez Coppel, entonces director de Pemex, y José Antonio González Anaya, quien en la administración actual fue director de Pemex y es ahora secretario de Hacienda. Otros siete directivos de Pemex estuvieron en la reunión “en diferentes intervalos”.

El consejero Moreira –ahora integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– leyó el análisis final del CEI, el cual señalaba entre otros puntos que, de acuerdo con el contrato, “Etileno XXI consumirá casi todo el etano disponible, lo que limita el desarrollo de PPQ en la cadena del etano” y preguntaba cómo se habían determinado “los escenarios de disponibilidad de gas y cuáles serían las previsiones para no caer en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas en el contrato”.

“La estrategia para Pemex Petroquímica debe ser una decisión industrial con consideraciones financieras, y no una decisión financiera con consideraciones industriales”, planteaba el documento, en el que el CEI recomendaba “definir con claridad la estrategia corporativa global de largo plazo de PPQ, tomando en cuenta las implicaciones del proyecto Etileno XXI, en el contexto integral de Pemex”.

Momentos después, el consejero Rogelio Gasca Neri repartió un documento con sus propios comentarios y advertencias sobre Etileno XXI.

Después de ofrecer un panorama sobre la industria petroquímica en México, el consejero aseveró que el proyecto dejaba a Pemex “en un riesgo no cubierto”, pues la petrolera se comprometió a suministrar 66 mil barriles de etano diario durante 20 años y aceptó pagar “penalizaciones cuantiosas” en caso de no cumplir con ese volumen.

“Simplemente, si no existe el etano en Pemex Exploración y Producción, por las razones que se quieran, entre ellas el no descubrimiento de reservas, Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene la obligación de importarlo o bien pagar una penalización importante”, observó.

Gasca también analizó la fórmula del precio del etano que pactaron Pemex y Braskem. Observó que la petrolera mexicana se había comprometido a vender el etano con “un factor de descuento del 30% sobre el purity ethane” y otro del 20% sobre el “Henry Hub”, algo extraño en México, donde “no se aplica ningún descuento de este orden en los precios del gas natural, ni aun al más grande comprador de gas que es el sector eléctrico”.

Es más: el consejero recordó que Pemex contaba con dos plantas transformadoras de etileno –Cangrejera y Morelos–, que en ese momento estaban en subutilización. “Si las plantas no estuvieran subutilizadas, se estaría cubriendo prácticamente toda la demanda (de etileno)”, añadió el consejero.

Gasca se sorprendió de que, según el contrato, Pemex buscaba “promover el interés del sector privado” y preguntó por qué, en lugar de favorecer los ingresos privados, la empresa petrolera no quiso fortalecer la capacidad de Pemex Petroquímica.

“Más aun, con Etileno XXI, Pemex Petroquímica no tendría ninguna oportunidad de crecimiento con base en etano. El argumento de que el consumo actual de Pemex Petroquímica es de 75 mbd (miles de barriles diarios) y por lo tanto, si podría incrementarse hasta llegar a 88 mbd, no reconoce el fondo de la problemática: se está favoreciendo a la industria privada, a costa de Pemex”, aseveró.

Sus conclusiones resultaron aterradoras: el proyecto “afecta negativamente al principal jugador de la industria, que es Pemex Petroquímica”, “impulsa al sector privado, a costa de una subutilización de capacidad instalada y de un subejercicio presupuestal en Pemex Petroquímica”, y además “compromete a Pemex a un suministro de gas, que no está basado en la producción actual sino a posibles futuros descubrimientos, que son inciertos”.

Por lo anterior, Gasca pidió que se suspendiera el proyecto para dar al consejo de administración el tiempo de revisar las garantías de suministro a la filial de Odebrecht y las penalizaciones, además de “definir puntos a negociar”.

Después de la presentación de Gasca, el consejero Ricardo Aldana Prieto tomó la palabra y lamentó que el consejo se enterara del contrato cuando ya estaba firmado, aun cuando éste afectaba de manera estructural a la compañía.

Para calmar los ánimos, Meade concedió que en el futuro el consejo de administración debería tener acceso y participar en “algunos” contratos de suministro de interés. Pero cerró el caso Etileno XXI cuando afirmó que el proceso “se había cumplido a cabalidad”.

Las advertencias de Gasca y del CEI encuentran un eco particular en el balance financiero actual de Pemex, siete años después de la reunión mencionada.

Como lo anticiparon los consejeros, Pemex nunca tuvo las cantidades suficientes de etano para surtir a Odebrecht con los 66 mil barriles diarios y abastecer a sus propias plantas transformadoras, por lo que pagó multas en el primer año y ahora está obligada a importar el gas desde el extranjero para venderlo con pérdidas a Odebrecht.

En los próximos dos años, y para surtir a la filial de Odebrecht, Pemex comprará 720 mil toneladas de etano al consorcio árabe SABIC (Saudi Arabian Basic Industries Corporation), por un costo total de 4 mil 550 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje que publicó esta semana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contrato firmado en febrero de 2010 plantea que, si Pemex no entrega la cuota establecida, durante los dos trimestres subsiguientes deberá pagar a Odebrecht una suma por daños, perjuicios y pérdidas equivalentes al 200% del precio promedio del etano, aunque el mismo documento establece un tope anual por multas, que no podrá rebasar los 300 millones de dólares.

Ello obliga Pemex a enviar el gas en prioridad a Etileno XXI, lo que a su vez provocó un desbasto grave en las plantas de la petrolera y puso a Pemex Etileno en una “situación crítica, donde no se podría continuar operando los dos crackers (plantas que convierten el etano en etileno y derivados)”, de acuerdo con el acta del consejo de administración celebrado el 10 abril de 2017.

Y no sólo esto: en el contrato Pemex se comprometió a asumir los costos para transportar el etano a Etileno XXI, y para cumplir con ello construyó un ducto especial de 226 kilómetros –en el que gastó más de 6 mil 110 millones de pesos–, y arrendó un buque para completar el suministro, como lo documentó la reportera Jesusa Cervantes en este semanario (Proceso 2157).

Es más: ese reportaje señaló que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pemex pagó 669 millones de pesos para abastecer de etano a Etileno XXI entre 2015 y marzo de 2016, periodo durante el cual el complejo ni siquiera estaba en operación.

Y cuando arrancó Etileno XXI, Pemex le vendió etano a un precio “menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos”, señaló el órgano fiscalizador, que determinó pérdidas por mil 935 millones de pesos en 2016.

En abril de 2017, unos meses después de estallar el escándalo internacional de corrupción de Odebrecht, donde se señalaba que un empleado de Pemex había recibido sobornos –más tarde se reveló en Proceso que ese empleado era Lozoya Austin–, la petrolera publicó una serie de contratos celebrados con la empresa brasileña, pero sin los anexos y con la mayor parte de los nombres de los firmantes tachados.

Este semanario informó entonces que, si bien el panista Jordy Herrera –exsecretario particular de Calderón cuando éste fue director de Banobras– era director de Pemex Gas y Petroquímica Básica cuando se firmó el contrato, ni su nombre ni su firma figuraban en el documento.

En su lugar firmaron los entonces subdirectores Arturo Arregui García, Armando Arenas Briones, Fernando Amor Castillo y Víctor Domínguez Cuéllar.

La Procuraduría General de la República afirma que sigue investigando el caso Odebrecht, pero dejó de informar sobre los avances de sus indagaciones a pesar de los señalamientos directos hacia Lozoya. En abril pasado la procuraduría se negó a entregar información sobre el caso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues dijo que tiene el carácter de reservada.

Con información de Proceso.