La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para recortar en 50% el presupuesto de los partidos políticos, que se discuitrá en el Pleno la próxima semana. 

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma constitucional que reduciría a la mitad el financiamiento público asignado a los partidos políticos en México.

El cambio al artículo 41 constitucional fue avalado, en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, únicamente por 17 legisladores de los grupos parlamentarios de Morena y PES; 14 panistas, priistas, perredistas, emecistas, y hasta los pevemistas y petistas, aliados del régimen, sufragaron en contra.

De ahí que su aprobación, por parte de la Cámara Baja, no está garantizada.

Y es que por tratarse de una reforma constitucional para ser aprobada por el pleno cameral se requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de su votación; es decir, de encontrarse los 500 integrantes de la Cámara Baja se necesitaría el aval de 334 diputados federales.

Morena y PES sólo cuentan con 284 diputados en total; 258 morenistas y 26 pesistas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), el financiamiento público otorgado a partidos políticos por actividades ordinarias, ascendió en 2018, a 4,296 millones 333,246 pesos, y para el año en curso suma más de 5 mil millones de pesos.  

La enmienda establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos “se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral' por el 32.5% “del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización'.

La fracción segunda, inciso A, del referido artículo precisa actualmente que el monto resultará de hacer la misma operación, pero multiplicando por 65 por ciento.

La distribución actual del financiamiento público no sufrirá modificación alguna; el 30% del monto se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

El nuevo modelo constitucional plantea modificar el actual régimen de financiamiento público de los partidos políticos, cita el dictamen en la exposición de motivos, para reducir gastos, pero sin dejar de proteger la equidad en las contiendas electorales.

Desde la perspectiva de los legisladores federales, el voto en México es de los más caros a nivel mundial, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil; en el escenario latinoamericano, México es el país que más subsidio otorga a los partidos políticos.

El cambio constitucional, si se aprueba por las Cámaras de Diputados y de Senadores y luego por al menos 16 congresos locales, continuaría “otorgando mayores recursos a aquellos institutos políticos que hayan recibido mayor apoyo de los ciudadanos, lo que constituye un incentivo para que los partidos políticos encaminen sus esfuerzos a conseguir el voto ciudadano en cada elección', cita el decreto.

Finalmente, aclara que la modificación no representa una afectación a la preponderancia de recursos públicos sobre los privados, ni afecta la equidad en la contienda, y sí contribuye a reducir considerablemente y a niveles razonables el dinero destinado a los partidos políticos.