Por Gabriela Tapia.
Además de la protección al medio ambiente, la inclusión y la expansión urbana sin planeación, la violencia y la inseguridad, el nuevo gobierno de la Ciudad de México tendrá que estar atento también al grave problema de corrupción en trámites inmobiliarios que existe actualmente en la ciudad. Para ello, materia obligada será estudiar los resultados de la investigación “Corrupción en el Sector Inmobiliario” dados a conocer el día hoy por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Como se puede ver en la siguiente imagen, las alcaldías que presentan los mayores problemas son la Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez.
De acuerdo con la investigación, el 94% de los desarrolladores entrevistados reconoció haber sido víctima de la corrupción. El asunto no es menor si consideramos que en la Ciudad de acuerdo con el INEGI al 2017, 4% del PIB proviene de la construcción (Mexicanos Contra la Corrupción 2018). Como se puede ver en la siguiente imagen, los desarrolladores calificaron a las autoridades delegacionales o municipales como las autoridades más corruptas de la ciudad y en segundo lugar al INVEA y a la policía local.
De acuerdo al estudio, el trámite más propenso a la corrupción es el registro de la manifestación de construcción, cuyo “moche” oscila entre los $2 y $15 mdp y que ante cualquier negativa por parte del constructor podrá resultar en un retardo en el trámite de entre 6 meses hasta dos años (Mexicanos contra la corrupción 2018).
Entre los factores que explican el nivel de corrupción en materia inmobiliaria se identifican la cantidad de trámites, la multiplicidad de autoridades involucradas y el complejo y difuso marco jurídico que no sólo propicia la corrupción sino que también diluye las responsabilidades. Esta situación hace prácticamente imposible la rendición de cuentas y fomenta la impunidad en el sector. Entre las recomendaciones en materia regulatoria que resalta el documento se encuentra la simplificación y modernización regulatoria a través de trámites en línea e incluso la delegación de trámites a terceros con suficientes conocimientos técnicos.