Los gastos dispensables de la Procuraduría General de la República (PGR) aumentaron 3.4 veces en promedio durante el sexenio pasado, mientras que su gasto en programas clave contra el delito se estancó, al igual que sus resultados en materia de procuración de justicia.

Entre 2013 y 2018, la Procuraduría invirtió 787.3 millones de pesos anuales (en promedio) para el pago de viáticos y transportes, vales de despensa, alimentos y bebidas, servicios de vigilancia privada y vestuario no especializado, entre otras compras registradas en el portal CompraNet.

Destacaron, por ejemplo, 14.5 millones de pesos en idas a parques de diversiones y poco más de 1.2 millones en regalos, juguetes, boletos para obras de teatro y artículos deportivos.

La ’anarquía administrativa’ en tiempos de Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán no se limitó a compras multimillonarias con ’asignaciones desproporcionadas e ilógicas’, como acusó a principios de mayo el Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Durante el sexenio pasado también hubo ’grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones’, así como el uso de la institución para encubrir ’a los cómplices del poder’ y para castigar a los enemigos políticos.

Tres de los cinco indicadores de eficiencia y efectividad de la PGR –ahora Fiscalía General de la República– dibujan la misma realidad descrita por Gertz Manero.

La última medición de julio de 2018 indica que la dependencia federal no sólo no alcanzó la meta planteada, sino que dio marcha atrás (-49.7% en 2013-2018) en materia de ejercicios de acción penal que derivaron en autos de formal prisión, en el número de casos desechados (+67.3%) con respecto a las consignaciones remitidas, además de la dilación en la integración de averiguaciones previas, cuyo plazo de armado pasó de siete meses a 3.6 años en promedio, entre 2013 y 2018.

Asimismo, tres de los cuatro indicadores sobre reducción de impunidad tuvieron cifras rojas entre 2013 y 2018, aunque sólo dos –el de cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión y el de atención en carpetas de investigación– no alcanzaron la meta sexenal.

Con el desequilibrio en el manejo de la Procuraduría fue imposible mejorar la efectividad de la PGR que, en seis años, pasó de consignar el 32.3 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en 2013, a consignar el 15.6 por ciento en junio de 2018.

Si además consideramos la cifra negra, es decir, que más del 93 por ciento de los delitos en México no son denunciados, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la efectividad de la PGR –y el alcance de la procuración de justicia a nivel federal– se reduce al 1.1 por ciento de los casos (cuando en 2013 era equiparable al dos por ciento).