Hace unos meses era prácticamente desconocido su paradero. Después del sexenio peñista, la mayoría de sus secretarios terminaron salpicados por las escena de corrupción e impunidad que rigieron el último sexenio del PRI en el poder. Uno de los más implicados en acusaciones fue Gerardo Ruiz Esparza, quien acumula opacidad en las revisiones a su papel en el gobierno federal como secretario de comunicaciones y transportes. 

Desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder, sumó a Esparza a su equipo más cercano y le entregó el destino de las carreteras y transportes mexicanos. Justo ahí se involucraron 3,671 millones de pesos a un estado en particular, monto que no se sabe totalmente cómo fue distribuido. Ante tanta opacidad, la auditoría superior (ASF) ya prepara la gran revisión a las cuentas de Ruiz Esparza. 

Se van a revisar todos los contratos celebrados por su secretaría entre 2014 y 2017. En estos tres años, el priista entregó una buena cantidad al Estado de México, un territorio gobernado enteramente por el PRI y que mantiene como gobernador actualmente al primo del expresidente, Alfredo del Mazo. Los más de 3 mil millones de pesos fueron reclamados, en parte, para el desarrollo de un tramo carretero en específico: Chamapa-Lechería. 

Este dinero pudo haber sido utilizado con fines electorales, según diputados independientes que han promovido una demanda para investigar el fin de los recursos. Y es que, como es costumbre en el PRI, parece ser que el dinero fue enviado justo cuando estaban por arrancar las elecciones a gobernador del Estado de México. Recordemos que en Chihuahua se investiga lo mismo: se enviaron millones a través de la secretaría de hacienda, justo cuando eran elecciones. 

Pero no solamente el Estado de México (gobernado entonces por Eruviel Ávila) recibió dinero de la SCT. También la secretaría comandada por Luis Videgaray (SHCP) participó en la entrega de recursos a un estado bastión del priismo nacional, en donde los recursos pudieron haber sido desviados para beneficiar las campañas de los candidatos del PRI. Por lo tanto, esta auditoría podría también hundir a la élite priista de hace unos años. 

Este tramo carretero que mencionamos habría sido usado para que los peñistas reclaramaran adeudos con el gobierno federal en tiempos de Felipe Calderón. La estrategia era solicitar 50 millones de pesos por cada año que la obra se mantuvo en activo, algo que no pudo costar más de 334 millones de pesos, pero que Ruiz Esparza elevó hasta una petición de más de 3,600 millones. 

Con información de SinEmbargo.