Diputados de Morena buscan reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales para reclasificar a la extorsión como delito grave que merece prisión preventiva oficiosa e incrementar las sanciones a quien lo ejecute.
La iniciativa aprobada en la Comisión de Justicia, permite aplicar sanciones más severas al que “sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.
La diputada Abelina López Rodríguez autora del proyecto, indicó que este delito ocupa el segundo lugar de comisión en el país, sólo por debajo de robo en transporte público y asalto, por lo que aseguró que el aumento de la pena de 3 a 10 años de prisión y de 100 a 500 días de multa, como lo establece el dictamen, cumplirá con el objetivo de disuadir que se cometa el delito.
La diputada precisó que la extorsión más común es la que se realiza vía telefónica, no obstante dijo hay casos en los que existe agresión física y graves daños a las víctimas.
Para la legisladora “el fracaso en el combate de ese ilícito y su reincidencia se debe, entre otras causas, a la falta de instrumentos legales que permitan actuar a corporaciones policiacas, del Ministerio Público y jueces de Control”.
Resaltó que la extorsión se ha convertido en un fenómeno complejo, que lo puede cometer una persona de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier orden de gobierno, así como personas que se encuentran en centro de readaptación social, por lo que recalcó es importante robustecer las medidas que eviten que se cometa ese delito.
En la exposición de motivos de la reforma se incluyó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, donde se detalla que se cometieron 31.1 millones de este tipo de delitos en 2016.
De esta cantidad, 7.5 millones, es decir, 24.16%fueron extorsiones, y sólo 129 mil 588 casos delictivos se denunciaron, integrándose la correspondiente carpeta de investigación. El resto forma parte de la cifra negra, o sea, los delitos que no se denuncian.