Invita Morena a la UIF y a FGR a investigar financiamiento de Latinus
Redacción
Ante las sospechas sobre la
procedencia del financiamiento del portal Latinus, el grupo parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a
la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de la Secretaría de Hacienda y a la
Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen su origen.
En este portal colaboran el
periodista Carlos Loret de Mola y el conductor, Víctor Trujillo “Brozo”.
A través del documento
publicado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria, la diputada Reyna Celeste
Ascencio Ortega de Morena, sugiere que este medio de comunicación podría estar
financiado con recursos de procedencia ilícita provenientes de funcionarios del
gobierno de Michoacán, entre ellos, el gobernador Silvano Aureoles (PRD).
“La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que
se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán y
funcionarios de dicho gobierno que podrían estar aportando recursos de
procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus”,
define el primer resolutivo de este punto de acuerdo.
“Segundo. La Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Fiscalía General de la República para que investigue la posible participación
del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que presuntamente podrían
estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación
conocida como Latinus”, detalla el segundo resolutivo del documento.
En este contexto, la
legisladora de Morena describe que desde el 2007 el mandato constitucional fue muy
claro, en el sentido de que no se puede acceder a la radio y televisión con
fines electorales, para mejor referencia se transcribe la parte conducente del
artículo 41 constitucional:
“Los partidos políticos y los
candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra
persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el
extranjero”, define.
“De tal manera que se debe
distinguir entre los medios de comunicación que ejercen una auténtica libertad
de expresión respecto de aquellos que son financiados por personajes políticos
y empresarios con el objeto de influir directamente en las contiendas
electorales, ello se menciona, por algunos medios que se excusan en la libertad
de expresión para desequilibrar las tendencias electorales”, define la
legisladora.
En sus argumentos la
legisladora recordó que el propio exgobernador de Tabasco, el priista Roberto
Madrazo declaró que familiares de él estarían financiando esta plataforma.
“Al respecto, se estima que
aquellos personajes políticos y empresarios que podrían estar contratando
espacios en medios de comunicación además de incurrir en una falta al mandato
constitucional del artículo 41, es totalmente indebido que se puedan estar
utilizando recursos públicos del Pueblo para dichos fines, cuando debiesen
utilizarse para la prestación de servicios públicos de salud, educación y
bienestar.
“Con motivo de lo anterior, es
que se solicita encarecidamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Fiscalía General de la
República que se investigue el posible uso de recursos públicos en el financiamiento
de la plataforma denominada Latinus”, define la legisladora.
Con información de El
Universal