El documento recomienda un juicio a Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes. Lo anterior es parte del informe final de la comisión que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní en octubre de 2019.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó un juicio de responsabilidades contra la presidenta de facto, Jeanine Áñez, por las masacres de 2019. También se le acusa de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

Además del juicio de responsabilidades contra Áñez, se ordenó un juicio ordinario y procesos penales contra 11 de sus ministros y exministros.

Lo anterior por vulneración de derechos y garantías constitucionales. Esto devino en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019.

El diputado Víctor Borda aclaró que la Comisión que investigó los casos y que preside no puede adoptar el rol del Ministerio Público, limitándose a sugerir. Lo que está sugiriendo es que se haga un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria, contra el Ministro de Gobierno, y de las Fuerzas Armadas y algunos comandantes policiales y militares que intervinieron en esta masacre. Eso es lo que aprobó la Asamblea, detalló.

BOLIVIA MASACRE:

La Comisión, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba, consultó a autoridades, organizaciones sociales, testimonios de víctimas, defensores de derechos humanos, hospitales, centros de detención, despachos defensoriales y comunidades afectadas por la violencia, para evaluar las condiciones de los derechos humanos en el país.

Tras la visita, confirmó que se perpetraron dos masacres en Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 del mismo mes, donde fallecieron al menos 18 personas. En ambos casos, policías y militares abrieron fuego contra la población civil, además de atacarla con golpes y patadas y arrojarle gases lacrimógenos.

En Sacaba “los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio comandante de la policía de Cochabamba ante la CIDH”, reveló el organismo en un comunicado.

En la masacre de Senkata también operaron la policía y el ejército, movilizados para reprimir una protesta de simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, en la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto. La operación derivó en el asesinato de nueve personas por impacto de bala.

“Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto”, agregó la CIDH.

Además de los fallecidos, se han presentado denuncias públicas sobre desaparición de cadáveres de personas asesinadas en la misma masacre, que habrían sido levantados por agentes del Estado sin que se haya emitido noticia de su deceso. “Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha”, subrayó la Comisión y condenó los hechos.

“La CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de manifestaciones públicas”, señaló.

“La Comisión además reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales. Adicionalmente, la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales”.

A su vez, los visitantes recibieron denuncias sobre casos de persecución judicial contra individuos por sus opiniones, convicciones o posturas políticas. Altos funcionarios del Estado del gobierno de Jeanine Áñez han iniciado investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros del MAS.

También escucharon a periodistas, trabajadores del gremio, comunicadores comunitarios e independientes, e identificaron vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

Tras el trazado de un panorama y en atención a las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH emitió 16 recomendaciones preliminares al Estado boliviano.

Propuso crear un mecanismo autónomo e independiente de investigación internacional que asegure el derecho a la verdad sobre los hechos violentos ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019.

Con información de Regeneración.