Se informo que después de varios meses de un sofisticado robo por parte de pistoleros que interceptaron un cargamento de barras con aleación de oro mientras eran cargadas en un avión en México, el Gobierno ha creado una fuerza especial para proteger las explotaciones mineras, viejas víctimas del crimen organizado.

El 18 de octubre se desplegaron más de 100 agentes del recién creado Servicio de Protección Federal (SPF) a la mina La Herradura, en el estado de Sonora, al norte de México, según lo anunció el Gobierno en un comunicado. La mina de oro a cielo abierto es una de las más grandes de México, según la firma minera Fresnillo, de propiedad británica, que tiene sitios de explotación en todo México, incluida La Herradura.

Esta unidad se crea unos seis meses después del osado “robo exprés” a la mina Mulatos, también en Sonora.

El 8 de abril, cinco personas armadas irrumpieron en la mina Mulatos en el momento en que los empleados pasaban unas barras de doré —hechas de oro y plata— a un avión contratado en la pista de aterrizaje de la mina, según un comunicado del propietario, Minas de Oro Nacional SA de CV, subsidiaria de la firma canadiense Alamos Gold Inc.

Mientras los hombres tenían retenidos a los empleados y al personal de seguridad de la mina, una avioneta Cessna aterrizó en la pista. Los delincuentes lograron “sustraer una cantidad de dichas barras” y huyeron en el avión, según indica el comunicado. La operación no duró más de diez minutos.

El robo de metales preciosos en tránsito ha sido una fuente de alarma creciente entre los funcionarios de la industria en México.

En marzo, una subsidiaria de Fresnillo denunció que un escuadrón de hombres armados interceptó dos camiones que transportaban barras de doré extraídas de una de sus minas. De igual manera, varios hombres armados secuestraron un camión que llevaba metales preciosos desde una mina de Fresnillo en noviembre de 2019, y se llevaron más de 40 lingotes de oro por un valor cercano a los 24 millones de dólares.

En la inauguración de la nueva unidad a finales de septiembre, el secretario de seguridad pública de México, Alfonso Durazo, declaró que la protección de las instalaciones mineras “es delicada y requiere gran especialización”, como se lee en un comunicado de prensa. Los directivos también protegerán el transporte de metales preciosos.

Manuel Espino Barrientos, comandante del SPF, anunció que pronto se iniciará el adiestramiento de un segundo escuadrón para desplegarlo a otras importantes explotaciones mineras del país.

ANÁLISIS DE  INSIGHT CRIME

El lanzamiento de una unidad especial de policía indica que la seguridad privada pagada por las empresas mineras no ha podido igualar el poder de fuego y la velocidad de los grupos armados; sin embargo, la infiltración del crimen organizado en el sector minero puede debilitar la nueva fuerza gubernamental.

Las corporaciones extranjeras controlan un buen número de explotaciones mineras en todo el territorio mexicano, pero los continuos ataques de los grupos armados han obligado a algunas a refrenar sus actividades.

En 2018, la canadiense Pan American Silver Corp redujo temporalmente sus operaciones en su remota explotación en Chihuahua con el fin de proteger a sus empleados. La empresa denunció repetidos incidentes en las vías de acceso a la mina. El miedo de ataques por parte de grupos armados también obligó a los trabajadores a ocultarse en la mina, algunos de los cuales fueron evacuados posteriormente en aviones privados.

La industria minera de México tiene gran importancia económica para el país, pues genera cerca de 2,6 millones de empleos y representa el 8 por ciento de su producto interno bruto.

Por mucho tiempo ha existido la acuciante necesidad de proteger los sitios de extracción minera y el transporte de metales preciosos, y la nueva unidad puede ayudar a impedir los asaltos a mano armada. Pero los grupos del crimen organizado facilitan la corrupción en todos los niveles de la industria minera.

Por ejemplo, los Caballeros Templarios contrabandeaban el lucrativo mineral de hierro. El grupo criminal infiltró el proceso minero de tal manera que en cierto punto llegó a controlar toda la cadena de producción, desde la extracción hasta la exportación.

En 2013, se conocieron denuncias de que en cinco estados, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, la minería era controlada por grupos criminales.

Se dice que las redes del crimen organizado han intensificado su influencia sobre las empresas del sector mediante la prestación de “servicios de seguridad” para proteger los intereses mineros.

Miembros de grupos de autodefensas afirman que Los Zetas habían respaldado la expansión de un proyecto de minería de oro a gran escala en Puebla, para lo cual habían amenazado de muerte a los competidores.

Con información de Sin embargo.