Eligio Valdenegro, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, determinó que no hay elementos para procesar por este delito a Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo, ambos de la UPCH.

Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), por un presunto peculado de más de 186 millones de pesos, derivado de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015.

A diferencia del resto de los casos de la llamada Estafa Maestra, este es el primero donde la Fiscalía imputa el delito de peculado, es decir, el desvío de los recursos del erario.

Las causas penales anteriores habían sido por ejercicio indebido del servicio público, falsedad en declaración y uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con informes de la FGR, los datos de prueba ofrecidos acreditaron la participación de los imputados, pero no en esa conducta delictiva, sino en uno distinto que pudiera ser fraude.

Por separado, fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que el juez determinó que no era procedente reclasificar el ilícito porque se necesitaban otros datos del hecho denunciado.

La FGR imputó que, a través de cuatro convenios específicos firmados en octubre de 2015 por la Sedatu con la UPCH, fueron desviados 186.1 millones de pesos.

La obligación de la UPCH era entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

La universidad subcontrató los servicios por adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por 81 millones 642 mil 800 pesos, que no los habría entregado. La UPCH, agrega la imputación, se quedó con los otros 104 millones de pesos y compró una solución tecnológica denominada Big Data y dos camionetas.

El juez consideró que Zozaya y Jiménez no tenían los recursos a su disposición, además de que la existencia de las actas de finiquito recibidas por la Sedatu establecen que hubo recepción de "entregables". La FGR ahora tiene dos opciones, apelar el fallo o reformular su investigación y presentar de nueva cuenta la imputación por el delito de fraude.

RADIOGRAFIA DE LA ESTAFA MAESTRA QUIEN Y COMO FUE EL DESVIO MAS GRANDE DE LA HISTORIA:

"No tengo nada que temer". Con esa seguridad, Rosario Robles comparecerá este jueves ante un juez del Reclusorio Sur, por las acusaciones de uso indebido de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

A pesar de la vehemencia con la que la ex encargada de la Secretaría de Desarrollo Social defiende su inocencia, el martes depositó casi $70,000 pesos para poder mantener su libertad y evitar ser detenida.

Robles es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación periodística titulada La Estafa Maestra  destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.

Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarias contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo. 

De acuerdo a la investigación, La Estafa Maestra 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Ncional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencia responsables del fraude millonario. (Infografía: Infobae, Jovani Silva)

Así, las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo.Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidade cumplir.

Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014, a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de Pemex y abrió los candados para la participación de inversores extranjeros.

En dicha dependencia, bajo la administración de Emilio Lozoya, se encontraron acuerdos con el Instituto Tecnológico Superior de Comalco (ITSC), una universidad pública que en 2013 fue contratada para dar servicios profesionales especializados en ingeniería a los petroleros mexicanos.

Ésta a su vez, contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas, dos empresas fantasma que están en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque no están donde se reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios.

Otras dos compañías Drilling and Completion Services e Integrated Reservoid Managemente Services de México también participaron en el fraude de 566 millones de pesos, y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisionarios, quienes resultaron ser prestanombres, detalla la información de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La segunda apuesta en la que se realizaron grandes desvíos de dinero es la Cruzada contra el Hambre, que toca fibras más sensibles: el fraude se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. 

Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destina la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializa en más de 2,220 millones de pesos, según la investigación.

En 2013, dicha dependencia, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras a los mexicanos con pobreza alimentaria, y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados de la República.

No obstante, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Para el fraude en Sedesol, se reportaron diez convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas de país y combatir la pobreza.

Las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita. 

Con información de el Siglo de Torreon.