La esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, Bertha Olga Gómez Fong, aprovechó su estancia en Miami para abrir negocios dedicados al reclutamiento de personal de limpieza y a la compra-venta de autos usados, a pesar de estar prófuga de las autoridades mexicanas.
Cabe mencionar que el pasado 25 de agosto, un juez del municipio de Morelos, Chihuahua, libró una orden de captura contra la esposa de César Duarte, sin embargo, actualmente se desconoce su paradero.
Gómez Fong aparece como socia mayoritaria en al menos nueve de las sociedades mercantiles que fundó con Duarte Jáquez como matrimonio.
Además se colocó en los negocios dentro de los sectores ganadero, inmobiliario y financiero, entre ellos Grupo Inmobiliario del Norte, Ganadera El Saucito Balleza, Hidroponia del Parral y Fondo de Aseguramiento Protección Agropecuaria de Chihuahua, incluyendo el Banco Unión Progreso.
Luego de dejar su mandato como gobernador y mientras se realizaban señalamientos en su contra por posibles actos de corrupción, César Duarte y Bertha Olga Gómez Fong llegaron a vivir a Estados Unidos.
Primero fueron ubicados en la ciudad de El Paso, Texas, y posteriormente en Miami, Florida, a donde habrían llegado a mediados de 2019.
De acuerdo con el juzgado, hubo negativa para emitir el amparo y la suspensión de la orden de extradición, al considerarlos “notoriamente improcedente”.
El juez Julio Veredín Velázquez señaló que no hay acto que afecte los derechos de la hija del exgobernador de Chihuahua.
Una vez más niegan amparo en el caso de César Duarte, esta vez el juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México, desechó la solicitud tramitado por Bertha Isabel Duarte Gómez, una de las hijas del ex gobernador.
“El juicio de amparo indirecto en el caso concreto es notoriamente improcedente, respecto de los actos reclamados, consistentes en la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición internacional, así como su ejecución. Es así, dado que no hay ningún acto que de manera inmediata evidencia la posible afectación real, actual y directa a la esfera jurídica de derechos de la directa quejosa”. señala el dictamen judicial
Veredín Velázquez admitió la demanda de garantías, pero no ofreció detalles al respecto del acto que impugna a Duarte, quien solicitó la suspensión.
Asimismo concedió un plazo de 15 días para que las autoridades brinden su informe y fijó que se realice el 30 de septiembre la audiencia constitucional.
Cabe recordar que a mediados de agosto, Isabel Duarte promovió la demanda de garantías para evitar cualquier orden de aprehensión, así como actos privativos de la libertad y su posible extradición.
Con información de Xeva, Revolución Tres Punto Cero.