Redacción
Con el propósito de fortalecer
las penas en materia de fraude electoral, conducta que ha caracterizado
históricamente a nuestro país, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará una
iniciativa para sancionar la conducta de coparticipación dirigida a violentar
ese régimen democrático.
La iniciativa del coordinador del
Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, prevé adicionar un artículo 20 ter
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El senador propone la integración
de un tipo penal que busca, que las afectaciones a los procesos electorales no
queden impunes, y se dé un ejemplo a la sociedad para “persuadir a aquellos que
intenten impedir elecciones libres y auténticas”.
El tipo penal que busca adicionar
indica que si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o
manipular los resultados electorales, o bien, para realizar dos o más conductas
previstas como delito en la Ley antes mencionada, la pena que se impondrá será
de cinco a 15 años de prisión y multa de 1500 a 7500 veces el valor diario de
la UMA.
Además, la pena de prisión puede
aumentar hasta en una mitad si la autoridad jurisdiccional competente en
materia electoral determina que en el proceso electoral o en alguna de sus
etapas hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes, en
detrimento de uno o más de los principios constitucionales.
Esto también aplicará cuando las
conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una
servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria
partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata.
Monreal Ávila detalla que la
propuesta se basa en la necesidad de discutir y reformar la legislación
aplicable en materia penal electoral para hacer más eficiente la labor de la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de mejorar la relación
con la autoridad y con la actividad jurisdiccional.
Apunta que, aunque existen tipos
penales que definen las conductas consideradas como delito electoral, debe
garantizarse la correcta aplicación de éstas para que los procesos electorales
se desarrollen cumpliendo los principios constitucionales de legalidad,
certeza, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad.