Luego del que el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ofreciera disculpas por la actuación de los policías ministeriales que fueron señalados de realizar detenciones ilegales a jóvenes manifestantes.

Las esposas de los oficiales detenidos, señalan que los uniformados no actuaron solos, dijeron que ellos obedecieron las órdenes del Fiscal General y el Gobernador.

Ayer, en la segunda manifestación para exigir justicia por el joven Giovanni López y la liberación de los compañeros detenidos en el primer día de protestas; la situación se salió de control, pues en redes sociales se denunciaron como policías vestidos de civiles, levantaron a jóvenes que posteriormente fueron abandonados sin sus teléfonos celulares.

El mandatario estatal dijo en un video que un grupo de policías de la Fiscalía del Estado de Jalisco ‘había ‘desobedeció’ sus órdenes, además señaló sentirse muy apenado por cómo actúo la policía ministerial. (A pesar que no era su responsabilidad, pues ni los elementos de la Fiscalía y los policías municipales dependen de él).

Dijo que la instrucción de agredir a los manifestantes no fue de él ni del Fiscal General, señaló que dicha orden de privar de la libertad a los jóvenes, pudo venir del crimen organizado.

“¿Quién dio la orden (de atacar a los jóvenes)? No fue el Fiscal del Estado, tenemos certeza de eso. Tenemos la obligación de investigar si la instrucción tuvo que ver con grupos relacionados a la delincuencia organizada”.

“Se están lavando las manos”

Tras darse a conocer esta acusación del gobernador, se informó que ya habían sido detenidos dos oficiales de la Fiscalía.

Sin embargo, familiares de  -los hoy detenidos-, aseguraron que los policías sólo recibieron órdenes del Fiscal General y del Gobernador.

De acuerdo con información de Notisistema.com, los detenidos son: Salvador Perea (quien apenas firmaría el nombramiento de J3 de la FE) y Raúl Gómez Mireles (policía investigador de la misma corporación).

Las esposas de los oficiales, que fueron puestos a disposición de las autoridades, aseguraron que “se están lavando las manos con ellos”

“Se están lavando las manos. Ellos reciben la orden de mandos, desde arriba, y ahora resulta que nadie mandó a nadie. Ellos no son parte de la delincuencia organizada, actúan por órdenes del fiscal”, indicó Patricia Nazari, esposa de Gómez Mireles.

“Ellos (fiscal y gobernador) dieron la orden para que ellos (policías) trabajaran. Mi esposo no puede trabajar sin una orden, es ilógico que él las dé porque apenas firmaría su nombramiento”, agregó Cinthia, e indicó que su esposo tenía 15 años trabajando en FE.

También informaron que miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(CEDHJ) entablaron comunicación con ellos, aunque aún esperan que los liberen como a los jóvenes por orden del gobernador.

El abogado de los policías denunciados, Óscar Arturo Díaz, dijo (por comentarios y de manera extraoficial) que se les podrían imputar cargos como robo (por los celulares que le quitaron a los jóvenes), abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.