Redacción
En su columna de opinión para El
Universal, Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en derecho, cuestiona sobre
los protocolos preventivos contra el coronavirus, sobre todo, en centro de
detención o cárceles en donde habitan hasta 15 personas por celda.
Frente a los nuevos casos del
Coronavirus en México, las autoridades sanitarias han reiterado medidas básicas
de prevención como lavarse las manos con agua y jabón, aislarse en caso de
presentar algún síntoma respiratorio, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo
desechable al toser o estornudar o usar la parte interior del codo y saludarse
sin tocarse. El viernes pasado se anunció también la “Jornada de sana
distancia”, para prevenir nuevos contagios. Entre las medidas presentadas, se
recomienda suspender actividades no esenciales, posponer eventos masivos (de
más de 5 mil personas) y el cuidado de adultos mayores. Las escuelas además
ampliarán su periodo vacaciones del 20 de marzo al 20 de abril, mientras que
museos, galerías, zonas arqueológicas y bibliotecas permanecerán abiertas pero
con menor afluencia. El Covid-19 es un virus que se esparce y contagia
fácilmente. Las medidas anunciadas buscan que el número de nuevos casos no
crezca vertiginosamente, lo que podría colapsar los sistemas de salud e impedir
la atención adecuada de los casos más urgentes (por escasez de equipo,
personal, camas). Una preocupación que ha surgido es sobre la salud de las
personas privadas de la libertad, ya sea en Centros de Readaptación Social,
cárceles municipales, separos de las fiscalías o centros de detención de
migrantes. Por la densidad poblacional y las condiciones de vida —sin agua
potable, jabón, medicamentos y escasos servicios médicos— en estos lugares los
riesgos de contagio son más elevados que entre la población general. Esto,
además, no solo afecta a las personas recluidas sino también al personal que
ahí labora y a los familiares que visitan estos lugares.
Van algunos datos para
contextualizar el problema. En enero había 202,337 personas en los reclusorios
del país, 37% de los centros tienen sobrepoblación. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Población Privada de la Libertad (Inegi), 46% de las personas
privadas de la libertad en México comparten celda con más de 5 personas. En el
Estado de México —la entidad con mayor población penitenciaria— 37% de las
personas recluidas comparten celda con más de 15 personas. Inclusive, a nivel
nacional, 12.5% de las personas reportan que comparten la cama con otra
persona. Una política de sana distancia simplemente no es posible bajo estas
circunstancias. Tampoco es realista pensar en condiciones de higiene para
prevenir el contagio masivo. 30% de las personas privadas de la libertad no tienen
acceso a agua potable en su celda (en el Estado de México, este porcentaje
asciende a 52%). En centros estatales y municipales, solo 7.6% de la personas
reportó que la institución les proporciona artículos de limpieza. Y, aunque la
gran mayoría (83%) afirmó contar con servicios médicos, a nivel nacional, 30%
dijo que el Centro no les proporciona medicamentos. Por reportajes y denuncias
de organizaciones, sabemos que las condiciones de los centros de detención de
migrantes son también de escasez y sobrepoblación.
Es decir, estamos frente al peor
escenario sanitario con una crisis que parece inevitable. ¿Cómo se están
preparando las instituciones para atender a estas poblaciones? ¿Qué medidas se
están adoptando para mitigar los riesgos? ¿Cómo se está protegiendo al personal
que ahí labora? Como señalan Oladeru, Beckman y Gonsalves en Health Affairs
(http://disq.us/t/3msvygq), durante la pandemia las prácticas policiales no
pueden continuar igual. Cada nueva persona ingresada al sistema genera riesgos
adicionales. Por ello, lo prudente es limitar el encarcelamiento a los delitos
más violentos. En este sentido, el gobierno debería adoptar una política de no
detención de personas por delitos no violentos, como es el caso del transporte
y posesión de sustancias ilícitas o las infracciones administrativas. Ahora es
oportunidad de liberar a las mujeres a las que se piensa dar amnistía. Hoy más
que nunca debemos priorizar los recursos y tomar decisiones poniendo la salud
de todos primero.
Profesora investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea