Redacción

En su columna de opinión para El Universal, Catalina Pérez Correa, maestra y doctora en derecho, cuestiona sobre los protocolos preventivos contra el coronavirus, sobre todo, en centro de detención o cárceles en donde habitan hasta 15 personas por celda.

Frente a los nuevos casos del Coronavirus en México, las autoridades sanitarias han reiterado medidas básicas de prevención como lavarse las manos con agua y jabón, aislarse en caso de presentar algún síntoma respiratorio, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar o usar la parte interior del codo y saludarse sin tocarse. El viernes pasado se anunció también la “Jornada de sana distancia”, para prevenir nuevos contagios. Entre las medidas presentadas, se recomienda suspender actividades no esenciales, posponer eventos masivos (de más de 5 mil personas) y el cuidado de adultos mayores. Las escuelas además ampliarán su periodo vacaciones del 20 de marzo al 20 de abril, mientras que museos, galerías, zonas arqueológicas y bibliotecas permanecerán abiertas pero con menor afluencia. El Covid-19 es un virus que se esparce y contagia fácilmente. Las medidas anunciadas buscan que el número de nuevos casos no crezca vertiginosamente, lo que podría colapsar los sistemas de salud e impedir la atención adecuada de los casos más urgentes (por escasez de equipo, personal, camas). Una preocupación que ha surgido es sobre la salud de las personas privadas de la libertad, ya sea en Centros de Readaptación Social, cárceles municipales, separos de las fiscalías o centros de detención de migrantes. Por la densidad poblacional y las condiciones de vida —sin agua potable, jabón, medicamentos y escasos servicios médicos— en estos lugares los riesgos de contagio son más elevados que entre la población general. Esto, además, no solo afecta a las personas recluidas sino también al personal que ahí labora y a los familiares que visitan estos lugares.

Van algunos datos para contextualizar el problema. En enero había 202,337 personas en los reclusorios del país, 37% de los centros tienen sobrepoblación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Inegi), 46% de las personas privadas de la libertad en México comparten celda con más de 5 personas. En el Estado de México —la entidad con mayor población penitenciaria— 37% de las personas recluidas comparten celda con más de 15 personas. Inclusive, a nivel nacional, 12.5% de las personas reportan que comparten la cama con otra persona. Una política de sana distancia simplemente no es posible bajo estas circunstancias. Tampoco es realista pensar en condiciones de higiene para prevenir el contagio masivo. 30% de las personas privadas de la libertad no tienen acceso a agua potable en su celda (en el Estado de México, este porcentaje asciende a 52%). En centros estatales y municipales, solo 7.6% de la personas reportó que la institución les proporciona artículos de limpieza. Y, aunque la gran mayoría (83%) afirmó contar con servicios médicos, a nivel nacional, 30% dijo que el Centro no les proporciona medicamentos. Por reportajes y denuncias de organizaciones, sabemos que las condiciones de los centros de detención de migrantes son también de escasez y sobrepoblación.

Es decir, estamos frente al peor escenario sanitario con una crisis que parece inevitable. ¿Cómo se están preparando las instituciones para atender a estas poblaciones? ¿Qué medidas se están adoptando para mitigar los riesgos? ¿Cómo se está protegiendo al personal que ahí labora? Como señalan Oladeru, Beckman y Gonsalves en Health Affairs (http://disq.us/t/3msvygq), durante la pandemia las prácticas policiales no pueden continuar igual. Cada nueva persona ingresada al sistema genera riesgos adicionales. Por ello, lo prudente es limitar el encarcelamiento a los delitos más violentos. En este sentido, el gobierno debería adoptar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como es el caso del transporte y posesión de sustancias ilícitas o las infracciones administrativas. Ahora es oportunidad de liberar a las mujeres a las que se piensa dar amnistía. Hoy más que nunca debemos priorizar los recursos y tomar decisiones poniendo la salud de todos primero.

Profesora investigadora del CIDE.

@cataperezcorrea