Ambos testimonios constituyen dos de una serie de pruebas judiciales en las que el abuelo del infante que murió por el disparo de su arma en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, aparece mencionado como el jefe de un grupo de mexicanos que establecieron e hicieron contacto con el narcotraficante Mario Roberto Segovia.

Pero las autoridades argentinas también interceptaron llamadas que comprueban negociaciones ilícitas en ese país.

El 22 de noviembre de 2008, investigadores de la Dirección General de Argentina Sin Narcotráfico (SIN), realizaron la intervención de diversos teléfonos y radios con la que la organización criminal se comunicaba. Una de las llamadas alertó a las autoridades sudamericanas y derivó en la detención del también llamado “Rey de la Efedrina” en ese país.

Los agentes detectaron la llamada entre dos hombres identificados como “Mario” Y “Sebi”, los cuales rentaron una habitación en el Hotel Ros Tower ubicado en el puerto de Rosario, Santa Fe. Ahí se hospedabana José Ángel Ramos Saucedo y su ayudante, el joven Alberto Domínguez Martínez –éste fue detenido dos semanas después de la operación en el aeropuerto de Ezeiza.

El relato sostiene que la relación entre ambos personajes no obedeció a ninguna casualidad: la habitación en la que se hospedaron ambos personajes fue pagada con la tarjeta VISA 4546 5909 0244 0687, a nombre de Mario Segovia.

Además, la policía antinarcóticos escuchó en las conversaciones previas a la transacción “la necesidad de adquirir bolsas marca ziploc y una valija”. Así operaban los envíos en lo que se llamó el “Puente de la Efedrina” y cuyos actores principales, en la recepción aquí en México, nadie detectó.

Una década después de sus sigilosas actividades en Argentina, otra llamada telefónica, ahora realizada por José Ángel Ramos Saucedo, lo puso en la mira de las autoridades mexicanas.

–Ya valió madre, la mató con mi arma–, dijo el 10 de enero pasado, con voz temblorosa, José Ángel Ramos Saucedo.

Al otro lado de la línea escuchaba, en silencio, su hijo José Ángel Ramos Jiménez, quien así se enteró de la muerte de su hijo.

Más de una década después de los negocios que labraron su fortuna, la Fiscalía General de Coahuila, encabezada por Gerardo Márquez Guevara, decidió intervenir el teléfono del hombre de 58 años de edad para “investigar el entorno del menor”.

La misteriosa fortuna de Ramos Saucedo, así como el pasado delictivo de su hijo, pusieron en alerta tanto al gobierno de Coahuila, encabezado por Miguel Riquelme Solís, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto.

¿Qué sospecha había de aquel hombre que durante años había podido hacerse pasar por un exitoso agente inmobiliario?

La llamada fue uno de los datos de prueba presentados durante la audiencia celebrada el 14 de enero en el Juzgado de Primera Instancia de la Región Laguna, en la que se vinculó a proceso al jerarca de la familia Ramos Jiménez.

Fue culpado por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, por omisión de una acción jurídicamente debida, derivado de su carácter garante y por deber de solidaridad social con la víctima, la maestra María Assaf Medina, así como con su propio nieto, de tan sólo 11 años de edad.

Por otra parte, según publicó el diario Reforma en su portada del pasado 15 de enero, la UIF detectó en las cuentas bancarias del abuelo de José Ángel “N.”, considerables movimientos financieros por altas sumas de dinero.

“Podemos ver que no es ningún seminarista: (José Ángel Ramos Saucedo), el abuelo, tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas; tiene recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas”, dijo Santiago Nieto previo a un encuentro con gobernadores de México.

“(También se detectó) la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años: tres BMW, tres Jeep Cherokee; además de que la abuela, la señora Rebeca Jiménez, tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas; transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal”, añadió.

Las acciones del menor de edad sacaron a la luz el paso por las drogas y la violencia de sus abuelos y sus padres.

El Siglo de Torreón indicó que una ficha de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos describe que José Ángel “R”, padre del menor, fue detenido por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). El hombre de 37 años fue acusado por posesión, con intención de distribuir, 31 kilos de metanfetamina con apoyo de otras dos personas en Oklahoma, y sentenciado en julio de 2017 a cuatro años de encierro en la prisión federal Big Spring, en Texas.

Salió libre en octubre del 2019, pero no volvió con su hijo, José Ángel, quien se quedó en custodia de sus abuelos.

La madre del menor, según el fiscal Márquez Guevara, respondía al nombre de Jazmín Alanís Quiñones, pero fue degollada. Jazmín falleció hace dos años y, a pesar de lo declarado por el funcionario, existen otras versiones sobre su muerte: que se trató de una sobredosis durante una cirugía plástica, y que murió por complicaciones de diabetes.

Medios locales también señalaron que su abuela materna fue asesinada en el año 2010 y las autoridades refieren que sostuvo una relación personal con Arturo Hernández González “El Chaky”, principal sicario del Cártel de Juárez en el área de La Laguna.

El Departamento de Psicotrópicos y Estupefacientes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó a la juez que 156 kilogramos de efedrina alcanzan para cubrir anualmente las necesidades médicas de Argentina. Entre 2004 y 2008, sin embargo, la importación de efedrina desde India y China superó las 47 toneladas, consignando un crecimiento de mil 653 por ciento.

Sus socios, condenados

Entre diciembre noviembre de 2008 y abril de 2009, tanto en Argentina como en Paraguay fue detenida toda la banda del Cono Sur, encabezada, según los medios argentinos, por Mario Roberto Segovia, su esposa Gisela Itatí Ortega, así como el contacto de los mexicanos Alberto Domínguez Martínez y Salvador de la Cruz Acuña.

Nadie volvió a mencionar el nombre de José Ángel Ramos Saucedo, con excepción de los procesos judiciales que derivaron, en 2018, en la condena de Segovia a 16 años de prisión.

En total fueron encarcelados, según la periodista Cecilia González, cinco personas de origen argentino, así como otros 11 ciudadanos mexicanos, entre ellos Alberto Domínguez Martínez y Salvador de la Cruz Acuña.

Fueron los primeros mexicanos en ser sentenciados por narcotráfico en ese país, precisamente durante los años en que arreció la guerra contra el narcotráfico en México.

“De los 11 mexicanos ahí juzgados, nueve habían sido detenidos en el operativo para desmantelar el laboratorio de drogas de diseño”, escribió Cecilia González en su libro “Narcosur: la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina”.

“Los otros dos, el coahuilense Salvador de la Cruz Acuña y el duranguense Alberto Domínguez Martínez –quienes trabajaban con Ramos Saucedo–, habían sido descubiertos el 22 de noviembre de 2008 en Ezeiza, cuando iban a México con nueve kilos de metanfetaminas en las maletas. Como los acusaron de contrabando, no de producción como al resto de sus paisanos, el veredicto fue diferente.

“Los condenaron a cuatro años y seis meses de prisión por ser coautores del delito de contrabando de exportación, agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a su comercialización ‘en grado de tentativa’”, advirtió sobre el caso que conmocionó al país del Cono Sur.

Mientras tanto, en Coahuila, México, nadie sospechaba de la familia.

“Esperanzados en la palabra de Jesús, lo participan su familia Ramos Jiménez, estará siendo velado en la Funeraria Cepeda de Gómez Palacio, Durango”, publicó el 1 de agosto de 2019 el clan encabezada por Ramos Saucedo en un periódico local, tras la muerte Dámaso Ramos Jiménez, otro hijo de José Ángel Ramos Saucedo.

El velo de la tragedia era quizá una pesadilla de verano. Al menos, su vida pública y descendencia permanecía intacta.

Con información de Proceso.