Redacción

La necesidad de llegar a un acuerdo para evitar una vida en la cárcel lleva a Genaro García Luna a declararse culpable de los cargos que le imputan. Esto como lo dice Raúl Rodríguez Cortés en su columna en el Universal.

Por eso negocia un acuerdo en el que, al declararse culpable de conspirar para traficar con cocaína y recibir sobornos para proteger al cártel de Sinaloa, se convertiría en testigo cooperante, evitaría el juicio y podría reducir sustancialmente el número de años que pasaría en prisión.

La negociación está en marcha según lo confirma un documento judicial firmado por el exsecretario mexicano de Seguridad Pública y los fiscales de Brooklyn, Ryan Harris y Erin Reid.

¿Por qué, entonces, se declaró no culpable en su comparecencia del viernes pasado en esa corte federal estadounidense?

En el sistema de justicia estadounidense, no culpable e inocente no significan lo mismo. Un acusado se declara inocente o un jurado lo declara como tal, cuando se percibe o se demuestra, sin lugar a dudas, que no es responsable del delito o delitos que se le imputan, mientras que se declara o lo declaran no culpable cuando subsisten evidencias que lo implican pero que no son suficientes para demostrar su culpabilidad.

La opción de declararse inocente no parecía tener futuro, lo que el lenguaje corporal de un García Luna abatido y apesadumbrado dejó ver el viernes pasado en la corte de Brooklyn. La de declararse no culpable debe entenderse, entonces, como una estrategia para ganar tiempo y negociar, de la mejor manera posible, los beneficios que obtendría a cambio de la vasta y sensible información que sin duda posee y que quedaría obligado a aportar como testigo cooperante.

Tiene de aquí al 21 de enero —fecha de una nueva audiencia— para negociar los términos del acuerdo y declararse culpable, como todo indica que hará por la simple y sencilla razón de que buscará una sentencia con el menor número de años en prisión. La experiencia —según fuentes consultadas por esta columna— muestra que, mediante un acuerdo con la justicia estadounidense, García Luna podría recibir una sentencia máxima de diez años de cárcel o mínima de tres a cinco.

Por el lado de la fiscalía estadounidense, la opción del exsecretario mexicano de Seguridad Pública como testigo cooperante le abre la puerta a una fuente de información de primera mano, sensible, explosiva —y a su disposición en el momento que quiera— para ser utilizada con otros fines estratégicos. Además de que le permite embargar una buena parte de los bienes del acusado.

Si, como parece, García Luna se declara culpable y evita el juicio, muchos serán los nombres y las complicidades que revelará como testigo cooperante. Acaso solo algunas lleguen a conocerse, siempre de acuerdo con lo que convenga a las autoridades estadounidenses.

Un juicio, en cambio, haría públicos los nombres de políticos, empresarios, policías y militares, tanto de México como de Estados Unidos, involucrados en el narcotráfico, que muy bien haría ventilar como expresión de un ya basta a la impunidad.

Pero precisamente porque eso ocurriría, parece impensable el muy sano escenario del juicio.