El sucesor de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública -que pasó a formar parte de Segob- Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró en entrevista para Milenio que "nunca hubo un elemento para hablar al respecto, de que hubiera alguna situación al margen de la ley’, por lo que no habría habido impunidad ni pactos.

Lo anterior sin embargo, se desmiente con sólo dos investigaciones que llegaron a manos de la PGR, entonces dirigida por su socio y mentor Jesús Murillo Karam.

Desde abril de 2013, la PGR llevaba a cabo una investigación sobre el montaje del caso Florence Cassez. Pese a contar con todos los elementos para castigar a sus responsables, cuya última cadena de mando obedecía precisamente a García Luna, el caso quedó impune.

Posteriormente, vino otro encubrimiento hacia García Luna por parte del FBI del que no sólo la PGR sino la misma Segob tuvieron conocimiento por sus implaciones.

Además de los referidos, en este caso también hubo contubernio de Mondragón y Kalb.

La periodista Anabel Hernández señalaba que durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto casi no se incautaron bienes o dinero al capo Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, por lo que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, debe cuestionar si esto no obedece a los presuntos sobornos que el narcotraficante entregó a altos mandos en sexenios pasados.

Se habían difundido los nexos -en ese entonces presuntos- de García Luna con el narco desde hace por lo menos 10 años por parte de la periodista.

Cuando los bienes de la Secretaría pasaron a Segob, Osorio Chong tuvo una peculiar forma de ver los recursos, narró en su oportuniad Riva Palacio.

Primero, el hidalguense convirtió el complejo de inteligencia de combate criminal financiado por USA, en un instrumento para espiar políticos. Aumentaron hasta 300% los recursos para seguridad, pero el exsecretario ocupó hasta el 80% de ese recurso discrecionalmente -estaba protegido para hacerse público-.

Después vino una fuga del Chapo Guzmán donde primero se difundió un video al que le quitaron el audio para hacer pensar que no hubo complicidades; al acceder a la grabación original, se apreció que estuvieron embarrados los funcionarios del Penal y seguramentr la última cadena de mando (Osorio Chong), entre otros muchos asuntos que unen a Osorio Chong con García Luna.

Las otras complicidades reveladas hace 7 años

Desde junio la Sección de Fraudes y División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al menos a 17 empresas que le vendieron patrullas y equipos de seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) cuando la encabezaba Genaro García Luna, y que presuntamente habrían cometido en México los delitos de fraude o lavado de dinero, publicó Patricia Dávila para Proceso (de la cual se rranscribe una sección).

La investigación se deriva de la denuncia presentada en Estados Unidos por José Luis Moya, experto en temas de corrupción y transparencia, y quien ha sido asesor de algunos legisladores panistas.

Las indagatorias también implican a Manuel Mondragón y Kalb –encargado de la seguridad pública federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto– en su carácter de extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), cargo que desempeñó hasta el 29 de noviembre de 2012.

García Luna y Mondragón –y otros funcionarios y exfuncionarios de seguridad pública de los gobiernos federal y capitalino– podrían verse implicados en esa investigación por su participación en las compras de patrullas y otros equipos que se hicieron con sobreprecios.

Moya ha seguido la pista de ambos funcionarios y en entrevista con Proceso explica el origen de la denuncia: “Un día me avisaron que Genaro García Luna estaba metiendo patrullas Chrysler a una bodega por la carretera México-Pachuca. Fui, tomé fotografías de las patrullas y al investigar me encuentro con que antes de que se hicieran las bases para la licitación ya estaba recibiendo las unidades. Presenté la denuncia ante la contraloría de la PFP, pero nunca hizo nada”.

Señala que además, en noviembre de 2011, con recursos del Plan Mérida, García Luna adquirió tres helicópteros Black Hawk –valuados por pieza en 20 millones de dólares– en 45 millones de dólares cada uno. La Secretaría de Marina adquirió otros tres en 28 millones de dólares cada uno.

Ante sus fracasados intentos por exigir justicia en México, hace seis meses Moya presentó su denuncia en Estados Unidos ante la Unidad de Fraude del FBI en términos de la Ley Anticorrupción de ese país.

Los agentes del FBI le pidieron copias de los contratos de compra-venta y él entregó decenas de expedientes con miles de facturas que obtuvo a través de portales de Transparencia federal y locales gracias a la Ley de Acceso a la Información. Les dijo que sospechaba que funcionarios mexicanos y empresas estadunidenses habían lavado dinero.

Cuenta Moya: “Uno de los agentes me dijo: ‘A ver, vamos a pensar que encontré a una persona que aceptó pagarme un sobreprecio por mi carro’. Le dije: ‘Bien. Sólo que en este caso la Ley Anticorrupción de Estados Unidos prohíbe a las agencias ganar más de 10% del valor del vehículo’. La agencia es el vendedor oficial del corporativo y en el momento en que vendió con sobreprecio violó el contrato entre la agencia y el corporativo.

“Cuando en el corporativo de Chrysler se enteraron de que interpuse la denuncia y de que se iniciaron las investigaciones, enviaron a su filial de México y a las agencias involucradas a un auditor para investigar la compra de las patrullas. Desde hace seis meses está aquí. Me preguntaba: ‘¿Cuando van otras empresas a las licitaciones, no se quejan?’ Le dije que sí y le mostré las inconformidades de varias.

“Le expliqué: ‘Mira, por ejemplo, si ganó Chrysler Automundo la licitación de mil vehículos de 1 millón de pesos cada uno, para el pago la SSP le hace una transferencia electrónica por 500 millones de pesos, luego de otros 500 y ya. Pero el sobreprecio lo recibe la agencia y ésta tiene que hacer operaciones de lavado de dinero para repartir la mordida a los funcionarios, cuando oficialmente la utilidad tiene que quedar en los accionistas del corporativo de Chrysler’.

“En este punto los agentes del FBI me explicaron que si la investigación arroja que el dinero fue reportado a los accionistas de Chrysler, se constata que hubo un sobreprecio y se podrá sancionar como tal, pero no hay operación de lavado de dinero ni fraude ni cohecho. Sin embargo las agencias sólo reportaron a las plantas el precio de flotilla. Ni siquiera el precio comercial de la factura, cuando en México las facturas que otorgaron a las dependencias señalan el sobreprecio. Este es el punto”, acota.

Con información de Emmanuel la Meth.