Redacción

Negocio redondo. El ex alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ejerció una bolsa de más de 47 millones de pesos durante tres años que serían destinados a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con la etiqueta de "Apoyos Sociales"; no obstante, y aunque sí se repartió el dinero, no fue precisamente para gente de escasos recursos.

Se trata de la partida 44501 dentro del presupuesto del Ayuntamiento. La entrega de apoyos no responde a reglas de operación, por lo que los solicitantes no requieren presentar un anteproyecto sobre la aplicación de los recursos ni se les pide comprobación del gasto. El dinero se entrega a criterio y gusto del alcalde en turno.

Tal presupuesto cobró notoriedad cuando en 2018 trascendió que el entonces presidente municipal de Tijuana aportó 4 millones 360 mil 829 pesos de esa bolsa a la asociación de colonos de Puerta de Hierro, uno de los residenciales más exclusivos de la ciudad.

No solo se trató de la cantidad más grande aportada a una sola asociación ese año, sino que contraviene a la propia Norma Técnica 31, la cual especifica que esas ayudas deben “cubrir necesidades a los solicitantes que poseen escasos recursos o se encuentran en zonas marginales”.

La petición de los colonos de reparar una vialidad tampoco respondía a otros supuestos en la Norma Técnica, como apoyar a personas que se dedican a una actividad deportiva o académica.

No es el único caso de aportaciones irregulares aprobadas por el ex alcalde de extracción panista. Durante su gobierno, se aportaron millones de pesos a asociaciones creadas al vapor, sin sustento de su trabajo y representadas por personas ajenas al activismo.

Entre los beneficiarios como representantes de las asociaciones civiles, está José Antonio Hernández Reyes, quien maneja la página de Facebook Yo Amo Tijuana, que en tres años sumó más de 5 millones de pesos en recursos del Ayuntamiento.

Saúl Pérez González y Carolina Bahena Burgueño, quienes fueron empleados de Gobierno del Estado, resultaron beneficiados con más de 3 millones de pesos para una asociación que ni domicilio registró ante el catálogo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe).

Otras asociaciones apoyadas por concepto de organizaciones civiles, son Fundación Sara Barrón, presidida por el empresario Rafael Carillo Barrón, afín al gobierno del “Patas”, quien se ha amparado para evadir el pago de millones de pesos en Impuesto Predial y recibió del anterior gobierno un crédito fiscal por 60 millones de pesos a través de una asociación de industriales que dirige, para reparar vialidades dentro de sus complejos. Además de 676 mil 660 pesos para el equipo de basquetbol Zonkeys, del cual Carrillo es propietario.

En 2018, Juan Manuel Gastélum Buenrostro aportó de la misma bolsa un millón de pesos al Club Social y Deportivo Campestre Tijuana, entonces presidido por el actual alcalde, Arturo González Cruz, para un evento de la Federación Mexicana de Golf.

Entre contratos como prestador de servicios para “proyectar información de manera positiva” en Facebook a través de la agencia de marketing de la que es propietario y como tesorero de una Asociación Civil sin domicilio físico, José Antonio Hernández Reyes recibió 5 millones 319 mil pesos durante los tres años de gestión de Gastélum Buenrostro.

La Asociación Civil CreoEn, en la que Hernández Reyes es tesorero, está conformada también por José Alejandro Sandoval Hurtado, proveedor del Ayuntamiento y Roberto Ricardo Gamboa García, abogado que trabaja en la Notaría 3. Fue ahí donde quedó registro de la AC, con fecha de fundación 13 de septiembre de 2016.

Empleados de Gobierno del Estado,  beneficiados con 3 mdp

En dos años, Jóvenes de TJ-A, AC, conformada por dos empleados activos del gobierno estatal en ese momento, recibió 3 millones 400 mil pesos.

El presidente de la AC es Saúl Eduardo Pérez González, joven panista cercano al ex secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, quien lo empleó como jefe de departamento cuando encabezaba la Contraloría y después en su cargo como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, fue su secretario particular.

La otra integrante es Magnolia Carolina Bahena Burgueño, quien al momento de recibir los apoyos era encargada de la Unidad de Transparencia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (Coplade).

Juez sentenciado por violación, también entre los beneficiados

Otra Asociación Civil de la que no se registra actividad en internet es Difuti, constituida el 27 de septiembre de 2016 -como las anteriores- ante el Notario 3 de Tijuana, para “Fomentar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo”, entre otros objetivos.

Está integrada por Alejandro Rojo Domínguez, Alejandro Torrentera Andrade y José Enrique Álvarez Madrigal, este último ex juez municipal sentenciado por violación sexual en contra de su hija de 8 años de edad.

En agosto de 2017, el funcionario municipal fue detenido por policías ministeriales que cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada.

Con información de Zetatijuana.com