En tiempos de la 4T se ha posicionado como un tema central el combate a la corrupción, desde el discurso y desde las accciones. Una protagonista principal de esta agenda es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en días recientes señaló que las acusaciones en contra de exfuncionarios capitalinos están debidamente sustentadas y reiteró que no se trata de una revancha política.

“Lo he dicho varias veces, éste no es un tema político, es un tema de acabar con la impunidad en el caso de la corrupción y por eso son la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia las que desarrollan las investigaciones y, en caso de que encontraran bien fundamentado lo que se está presentando, entonces ya hacen su trabajo frente a las carpetas de investigación y la solicitud a los jueces, si es el caso, de órdenes de aprehensión”, afirmó. La mandataria capitalina dijo desconocer si en puerta existen otras órdenes para capturar a quienes laboraron en la administración de Miguel Ángel Mancera por causar un quebranto al erario.

Asimismo, la jefa de gobierno advirtió que las acciones que al respecto se llevan a cabo serán aplicables para todo aquel trabajador de su administración que transgreda la ley. Esto para dejar claro que la cero tolerancia a la corrupción aplicará también con su propio equipo de trabajo. “Éste es un gobierno que no tolera la corrupción, entonces cualquier funcionario público o servidor público que cometa un acto indebido está ahí para la parte administrativa, la Contraloría”.

Para darle certeza institucional a estas políticas, esta misma semana se estará presentando el modelo del sistema anticorrupción que se está trabajando por el Congreso de la Ciudad de México, y donde participará la Contraloría y elTribunal de Justicia Administrativa. 

Ayer, el diario Excélsior informó que, además de Edgar Tungüí, exsecretario de Obras y Servicios y excomisionado para la Reconstrucción, y Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, son investigados la exsecretaria de Finanzas, Julieta González, y Ricardo Becerra, quien también fungió como titular de la Comisión para la Reconstrucción. De acuerdo con la carpeta de investigación, la acusación penal es por presuntos desvíos de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como de aportaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para atender a los afectados del sismo del 19 de septiembre de 2017.