La Universidad de Guadalajara publicó un fuerte desplegado contra el Gobierno de Alfaro, denunciando el gravísimo problema de inseguridad que se vive en Jalisco. 

Parece que la institución educativa deja atrás su alianza política con el Gobierno del Estado y levanta su voz crítica para señalar el infierno que viven miles de familias a causa de la violencia.

He aquí el comunicado íntegro: 

A un año del descubrimiento de cuerpos apilados en dos traileres con cajas refrigerantes que contenían 322 cuerpos almacenados en condiciones inhumanas y degradantes, y frente al hallazgo de una fosa con 119 bolsas con restos humanos en un predio de La Primavera, la cual probablemente se convierta en la fosa clandestina más grande descubierta hasta ahora en Jalisco y una de las más cuantiosas del país, 

M A N I F E S T A M O S

 1. El hallazgo es indicativo del grado que ha alcanzado la violencia criminal en México y en particular en Jalisco. Se sabe de 44 víctimas hasta el momento y un número indeterminado de restos por clasificar. Esto evidencia que el problema de la inseguridad y la violencia es mucho más grave de lo que se observa en los registros oficiales, lo que pone en entredicho la eficacia de las estrategias de seguridad seguidas hasta ahora, y en particular las acciones de prevención y combate a la desaparición forzada y a la cometida por particulares. Hacemos un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a realizar una autocrítica seria y abierta de su desempeño en este rubro. 

2. No solo es motivo de horror el número de víctimas, sino el estado en que se encontraron. La saña, crueldad e inhumanidad ejercidas probablemente para asesinarlas y destruir sus cuerpos no se debe pasar por alto. La indiferencia ante estas atrocidades solo aumenta las probabilidades de que vuelvan a ocurrir. 

3. Es probable que la fosa descubierta agudice la crisis forense por la que atraviesa Jalisco desde hace años, resultado de la incapacidad de sus instituciones y personal para actuar conforme a los principios y protocolos establecidos. No existe ninguna evidencia de que se haya superado el desastre institucional que propició el uso de traileres refrigerantes. Este condenable hecho, por cierto, sigue sin ser aclarado y sin que se sancione a sus verdaderos responsables.

4. La narrativa de que se trata de ajustes de cuentas entre bandas de criminales solo agrava el problema. Es un reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado para disuadir en el uso de la violencia, para frenar la impunidad y garantizar la seguridad ciudadana. 

5. Reprobamos en este sentido la criminalización de las víctimas realizada por el responsable de la seguridad en el Estado, Dr. Macedonio Tamez, carente de fundamento, insensible e incongruente con el cargo que ostenta. 

6. La violencia criminal se alimenta del silencio y la complicidad. Indigna que no se hayan pronunciado ante el hallazgo las autoridades y representantes populares. Es común que lugares de exterminio y fosas clandestinas sean conocidos con anterioridad a su descubrimiento. En este caso, se debe dar a conocer con toda claridad el proceso por el cual la autoridad tomó conocimiento del hecho y establecer si hubo denuncias ciudadanas previas que fueron ignoradas. 

7. Muchas de las víctimas recuperadas de la fosa podrían tener denuncia de desaparecidas. Esto configura un tipo de delito que requiere una atención especializada. La desaparición de personas entraña la violación de múltiples derechos y no solo de la víctima. Las instituciones del estado también están obligadas a respetar y garantizar los derechos de los familiares, así como el de la sociedad a saber la verdad. 

8. La evidencia de muchos casos y la experiencia cotidiana de los familiares revela una grave omisión y falta de profesionalismo del Estado en esta materia. La norma es la opacidad, la demora, el menosprecio y el trato indigno, todo lo cual ocasiona un nueva vicitimización a los familiares. Deben atenderse plenamente las demandas de los colectivos que los agrupan y de los organismos de la sociedad civil en torno a este suceso. Apoyamos cada una de ellas. 

HACEMOS UN LLAMADO A:

1. Que se realice una actuación judicial expedita y acorde a la magnitud de los hallazgos. Los responsables deben ser pronto identificados, detenidos y sometidos a proceso. Se requiere una reacción ejemplar y contundente de la autoridad. 

2. Que se implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense, en la que intervengan organismos internacionales ante esta emergencia y para todos los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense. 

3. Que se propicie la coordinación eficaz entre los organismos públicos en la materia: Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, así como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

4. Que para las acciones relacionadas con la identificación de cuerpos de personas fallecidas se establezcan plazos y los mecanismos adecuados que garanticen el trato digno, la debida atención, el derecho a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas a familiares de personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto. 

5. Que se haga pública la información sobre las características de los cuerpos recuperados de las fosas clandestinas, pues la experiencia nos dice que ha sido muy importante para el reconocimiento e identificación de personas. 

Atentamente “Piensa y trabaja” Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre del 2019 Universidad de Guadalajara Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Desaparición de Personas Jorge Ramírez Plascencia (coordinador) Dayane Jetzabel Ortiz Torres (Secretaria Técnica) Rogelio Barba Álvarez Alejandra Maritza Cartagena López Dolores del Carmen Chinas Salazar David Coronado Lilian Paola Ovalle Marroquín Alejandra Paola Ramírez González María Guadalupe Ramos Ponce Carolina Robledo Silvestre.