Los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pese a la estrategia de enviar al ejército a las calles a combatirlos, revelaron cinco estudios realizados por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE); pese a ello, el expresidente considera que puede sugerir estrategias de seguridad efectivas.
Las tendencias de criminalidad observadas con Calderón (pendientes de las regresiones lineales) han sido las más altas de las últimas décadas, solamente comparables con el México postrevolucionario.
Los índices de criminalidad con Andrés Manuel López Obrador son los más altos del presente siglo, aunque logró frenar la tendencia legada por sus sucesores -o serían más altos-.
En ese mismo sexenio de Calderón se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, concluyen los investigadores del CIDE.
El aumento de la violencia derivada de la estrategia para combatir al narcotráfico deterioró las condiciones de seguridad en el país, dicen los investigadores.
En el 2007, cuando comenzó el despliegue de fuerzas federales operaban en el país 20 organizaciones criminales que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques ya sea entre ellas o con la autoridad.
Tres años después, en 2011 ya se encontraban en operación 200 grupos criminales que solo en ese año estuvieron implicados en más de mil enfrentamientos.
Con ellos aumentó 2,093% el número de muertos. Mientras que en 2007 la tasa de víctimas letales por cada incidente era apenas de 0.08 (en promedio un civil muerto por cada 10 enfrentamientos); para 2011 esta tasa ya era de 1.9 muertos (en promedio dos personas muertas por un solo enfrentamiento).
El promedio de detenidos por enfrentamientos pasó de 0.4 en 2007 a 1.7 en 2011, un crecimiento de más del 300%.
Los analistas calcularon que cada enfrentamiento adicional protagonizado por la Secretaría de la Defensa Nacional representó un incremento del 8% en los homicidios en el trimestre inmediato al evento, y del 3% en el año inmediato.
La hipótesis de ’descabezamiento de cárteles’ o de desequilibrio del status quo entre grupos también es corroborada por los datos. En el corto plazo, tanto matar como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5% y de 3%, respectivamente.
En el largo plazo, un detenido adicional no tiene ningún efecto en la violencia, pero un miembro del crimen organizado adicional ejecutado en enfrentamientos con la fuerza pública genera un incremento en los homicidios de 1%’ concluyen los expertos.
El remedio… ¿peor que la enfermedad?
Entre los resultados que arrojan los estudios destaca que entre 2007 y 2011 se registraron en total tres mil 327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa.
En su análisis, los expertos advierten que la intervención de las fuerzas federales ha derivado en la detención o muerte de líderes criminales pero esto, lejos de frenar las actividades de los grupos delictivos, ha propiciado una multiplicación de los mismos.
’Las estimaciones muestran que las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales; y que estos cambios producen a su vez más violencia’ indican los analistas.
El deterioro de las condiciones de seguridad impulsada por la fragmentación y disputa de los grupos delictivos también ha incidido en la libertad de prensa.
En uno de los análisis denominados ’Voces Silenciadas’ se revela, además del incremento en el homicidio de periodistas del 2007 al 2011, que el 63% de los homicidios (31 casos) ocurrió en municipios donde había una disputa entre grupos criminales. En tanto, el 12% de los asesinatos se registró en localidades donde solo operaba un grupo criminal y el 25% en donde no se tenía reportada la presencia de ninguno.
Estos resultados, prosigue el análisis, son ’consistentes con la hipótesis de la fragmentación que afirma que en condiciones de competencia (criminal) la violencia contra periodistas también aumenta’.
Letalidad… y opacidad
En el desarrollo de la llamada ’guerra contra el narcotráfico’ se incrementó de forma significativa la letalidad de las fuerzas armadas en los enfrentamientos, es decir, el porcentaje de civiles que murieron en cada enfrentamiento.
Lo que hicieron los analistas es identificar los llamados ’eventos de letalidad perfecta por fuerzas públicas’, que son aquellos combates donde no hubo lesionados ni sobrevivientes del lado de los presuntos agresores.
Entre el año 2007 y 2008 estos eventos se mantuvieron en una proporción similar a los combates donde si hubo detenidos o lesionados pero a partir de ahí crecieron de forma significativa. En 2009 se registraron 59 enfrentamientos con letalidad perfecta por 48 que no lo fueron; para 2010 la cifra se disparó a 280 combate de letalidad perfecta por solo 91 donde hubo sobrevivientes; y en 2011 fueron 451 eventos sin sobrevivientes por 149 en donde sí los hubo.
Otro dato revelador es el incremento de la proporción de civiles fallecidos justamente en estos ’eventos de letalidad perfecta’. Mientras que en 2008 representaron el 60% de los decesos de presuntos agresores para 2011 la proporción era superior al 90 por ciento.
De acuerdo con los datos del CIDE, de los tres mil 413 civiles fallecidos en los enfrentamientos contra las fuerzas militares y policiales entre 2007 y 2013, están dos mil 938 (más del 86%) que perdieron la vida justamente en estos combates de ’letalidad perfecta’ donde no hubo sobrevivientes
’Estas cifras sugieren que la guerra contra el crimen organizado en México es cada vez más letal y costosa medida por el número de pérdidas de vidas humanas’ concluyeron los especialistas.
Por otra parte los especialistas del CIDE advirtieron que desde hace al menos cinco años existe opacidad en cuanto a los datos oficiales de homicidios vinculados con el crimen organizado. La única estadística oficial que se dio a conocer en 2012 correspondía al periodo de los años 2007 a 2011.
’En mayo de 2012, en el contexto de la 27ª Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, los procuradores locales consideraron que esta nueva base no era confiable y ’decidieron reconstruirla con la misma metodología para tener certeza de las cifras con datos verificados por cada dependencia. A la fecha no se ha publicado una base de datos verificada por las procuradurías locales’ indica el estudio.
