A petición de la defensa legal de Rosario Robles Berlanga, un juez de control con sede en el Reclusorio Sur concedió la duplicidad del término para que determine el próximo lunes si la vincula o no proceso.

Durante una maratónica audiencia de casi diez horas, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas documentales y testimoniales en donde argumenta que la ex secretaria de Desarrollo Social causó daños al patrimonio de la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos al ser omisa respecto de los convenios que firmaron sus subalternos.

La FGR imputó a Robles Berlanga el delito de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de recursos cuando encabezó las secretarías Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social, en el sexenio anterior.

Durante la audiencia inicial la Fiscalía consideró que actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa de dicho delito, cuando subalternos firmaron al menos 27 convenios y contratos generales de colaboración y sus respectivos apéndices con algunas universidades estatales y politécnicas de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas y Zacatecas, así como con empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.

La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto acudió a la sede del juzgado federal ataviada de un vestido blanco, impecablemente maquillada, y así, acompañada de dos ayudantes y sus dos abogados, espetó a los reporteros que la cuestionaban: “¡vengo a dar la cara!”.

Como siempre, con altivez, se enfiló a la oficina del juzgador, donde enfrentó los señalamiento del Ministerio Público, que le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual podrá enfrentar si fuera sometida a proceso, en libertad. Se le responsabiliza de formar parte de una maquinaria que desvió 5 mil 73 millones de pesos.

Ella se ha defendido arguyendo que no firmó un solo documento que demuestre su participación en tal delito.