Una juez federal rechazó la solicitud de Rosario Robles de cancelar la asistencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en calidad de ofendida, a la audiencia del 8 de agosto donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputarle un delito de la Estafa Maestra.

Angélica Lucio Rosales, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, resolvió que es infundado el recurso de revocación presentado por Robles contra el citatorio a la ASF, al estimar que esta solicitud debe dirimirse dentro de la audiencia programada.

"La decisión en cuanto al carácter que reviste la ASF, en el presente asunto, debe ser debatida en audiencia pública y resuelta por el juez de control que presida la misma", señaló la impartidora de justicia.

"De ahí que será el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien resuelva si la moral citada tiene o no la calidad de víctima u ofendida".

Ante la resolución, Xavier Olea Peláez, abogado de la ex titular de la Sedatu, informó que junto con el equipo legal que integra Julio Hernández Barros, están analizando la posibilidad de presentar un amparo.

En caso de que la defensa de Robles interponga la demanda de garantías, la consecuencia será que la audiencia de imputación sea suspendida hasta nuevo aviso.

Robles alegó en su recurso de revocación que, según la norma, la sociedad mexicana -y no una persona física o moral- es la parte afectada por el delito que pretenden imputarle, el ejercicio indebido del servicio público, y en este caso la representante social es la Fiscalía y no la ASF.

Agregó que la ASF es un órgano revisor del manejo de recursos de la Administración Pública Federal y tampoco es titular de los bienes del Estado o del pueblo mexicano, razón por la cual no puede reclamar su calidad de víctima u ofendida.

Al resolver el recurso de Robles, la juez Lucio Rosales respondió que la cita para la ASF sólo es "una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público", tal como se requiere a las partes para una audiencia de imputación.

"Además, en términos del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la audiencia inicial podrán asistir si así lo desean, la víctima u ofendido o su asesor jurídico, sin que su presencia constituya un requisito de validez para la audiencia", indicó la juez en su resolutivo.

Robles de momento goza de una suspensión provisional que impide que le ejecuten una eventual orden de aprehensión, protección que no aplica si se trata de un delito con prisión preventiva oficiosa.