Los niveles más altos de impunidad a nivel nacional, desvío de recursos, empresas fantasmas, prestanombres; esos son los síntomas de la enfermedad que padece el sistema político en el estado de Jalisco. 

En días pasados cayó el ex súper delegado Carlos Lomelí, que suma en este momento 7 investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por posibles conflictos de interés, cohecho y tráfico de influencias. 

Sin embargo, otro personaje político que está implicado en un caso de corrupción es el gobernador, Enrique Alfaro. 

De acuerdo con información del periódico MURAL diputados de MORENA en aquella entidad acudieron a las Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Auditoría Superior de la Federación buscando justicia y castigo por los hechos que existan alrededor del tristemente celebre programa “A Toda Maquina”.

Un programa que está en el ojo del huracán debido a las irregularidades, conflictos de interés, información oculta e inconsistencias que se han señalado en medios públicos, concretamente en el diario NTR Guadalajara, y que se ha convertido en uno de los puntos nodales de la crisis de legitimidad que padece Enrique Alfaro. 

Un programa que está en el ojo del huracán debido a las irregularidades, conflictos de interés, información oculta e inconsistencias que se han señalado en medios públicos, concretamente en el diario NTR Guadalajara, y que se ha convertido en uno de los puntos nodales de la crisis de legitimidad que padece Enrique Alfaro. 

El día de hoy, este último diario, publica una nota que pone en evidencia lo oscuro del proceso administrativo que ha seguido la adjudicación de este programa que implica 3,600 millones de pesos de presupuesto público. “Con la prisa de sacar adelante la licitación para el arrendamiento de maquinaria para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), los funcionarios estatales no se dieron cuenta que no les cuadraron las cifras de la oferta económica de la empresa Operadora de Servicios Mega, la ganadora del proceso. Entre la descripción de las mensualidades que se pagarán y la tabla de amortización de la renta hay una diferencia de 6.4 millones de pesos”.

Esta es la base de la denuncia presentada por Morena. Los legisladores señalan en la querella al gobernador Enrique Alfaro, a funcionarios públicos y a representantes de la empresa, por irregularidades en el contrato por el cual se pagarán más de 3 mil 634 millones de pesos a lo largo del actual sexenio.

Con información de ZMG. 

Foto: Especial.