Como si la condonación de impuestos a grandes magnates no fuera suficiente, el Gobierno de México pagó 242.9 millones de dólares a nueve empresas transnacionales en los últimos 16 años, esto como compensación por demandas que apelan al arbitraje supranacional en tribunales a puerta cerrada, según revela el informe Casino del extractivismo, elaborado por el Instituto de Estudios de Políticos, el Centro de Derecho Ambiental Internacional y la Alerta Minera de Canadá.

Se trata de las estadunidenses Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products; las españolas Abengoa y Tecmed; la francesa Gemplus; y la argentina Talsud.

De acuerdo con información del portal contralinea.com.mx estas demandas afectan principalmente a países latinoamericanos que han decidido proteger a las comunidades que se sienten afectadas por el trabajo de las transnacionales.

El portal cita a Manuel Pérez Rocha, coautor del informe, quien señala que esta supuesta “justicia” es unidireccional: “sólo las empresas pueden demandar a los gobiernos en las cortes [de arbitraje internacional]”.

El investigador precisa que los tratados de libre comercio incluyen cláusulas que permiten a los inversionistas trasnacionales demandar al Estado si consideran que fueron afectados.

Tales cláusulas son: la expropiación indirecta, en donde se busca compensación esperada cuando no se otorgan concesiones; la provisión de controles de capital que permite sacar de manera rápida su dinero del país;  recibir trato nacional; la completa protección y seguridad, es decir proteger las inversiones extranjeras a costa de las afectaciones ambientales, lo cual obliga a los gobiernos a reprimir a su población en el caso de resistencia.

Por su parte, Jen Moore, también coautora de ese informe, señala que los procesos llevados en tribunales privados son a puertas cerradas donde tres jueces no permiten la estadía de testigos, por lo tanto “las comunidades afectadas no tienen acceso”.

Dos de los principales tribunales donde se llevan los casos son: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

El informe menciona que México ha sido amenazado en cuatro ocasiones por empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.

La primera fue en 2010, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la trasnacional canadiense Blackfire Exploration, quien amenazó con presentar una demanda por 800 millones de dólares luego del cierre de una de sus minas en Chiapas –la de La Revancha– a pocos días del asesinato del dirigente comunitario y opositor a la minería Mariano Abarca. La demanda no continúo y se “disolvió” en 2017.

En el 2016, en el marco de la firma de la cumbre de los “Tres Amigos” [México, Estados Unidos y Canadá], la empresa canadiense Primero Mining  interpuso una notificación de intención de demanda porque el gobierno federal quiso incrementar el monto a sus impuestos, con base en sus ventas de plata. El proceso arbitral fue suspendido en 2018 como consecuencia de negociaciones con el gobierno mexicano, señala el informe Casino del extractivismo.

El tercer caso se presentó en septiembre de 2018, cuando la empresa estadunidense Legacy Vulcan, LLC, notificó su intención de demanda como consecuencia de un conflicto ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo. Al no solucionar el conflicto, este 2019 formalizó el proceso por un monto de 500 millones de dólares.

La empresa Odyssey Mineral Exploration también notificó su intención de demandar al país por 3 mil 540 millones de dólares a causa de no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato.

Aunque las cláusulas que permiten estas controversias fueron desechadas para el gobierno canadiense, se mantienen vigentes para México bajo el Tratado Transpacífico, por lo que las mineras canadienses seguirán demandando al país, destacan Moore y Pérez Rocha.

Con información de Polemón.